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El Superintendente de Transporte aseguró que el transporte bajo la modalidad de ilegalidad se convierte en una amenaza
En medio de la lucha contra la pandemia del covid-19, el Gobierno Nacional en un trabajo conjunto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra) y la Superintendencia de Transporte están trabajando para combatir el transporte ilegal de pasajeros.
Para cumplir este propósito, las autoridades están llevando a cabo varios operativos, por medio de los que la Superintendencia de Transporte logró formular cargos a cinco personas que conducían vehículos de servicio particular, por presuntamente violar la ley de transporte. Según la entidad, este acontecimiento es histórico.
"De encontrarse responsables, los cinco investigados podrán enfrentarse a órdenes administrativa y, en caso de incumplirlas, a multas de hasta 700 salarios mínimos legales vigentes", detalló la Supertransporte.
Bogotá D. C. 14 de Agosto de 2020. Con miras a combatir la ilegalidad en el transporte público que se está presentando en época de pandemia, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) junto con la Superintendencia de Transporte han incrementado los controles en las vías del país, en especial, en esta época, para detectar el uso de vehículos particulares e identificar a los conductores que destinen sus automotores para un servicio diferente al autorizado por ley.
A esto se le suma que se han realizado 8.328 comparendos e inmovilizaciones por conducir un vehículo, por lo que el Director de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el General Carlos Ernesto Rodríguez, manifestó que "con todo el componente logístico y humano, con más de 7.000 hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional, se ha venido controlando permanentemente las salidas e ingresos a las ciudades capitales, cuyo único fin primordial es evitar la propagación del covid-19, durante el inicio del aislamiento preventivo obligatorio".
En línea con esto, el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, aseguró que el transporte bajo la modalidad de ilegalidad se convierte en una amenaza para la sociedad, no solo porque compite de forma desleal con los con quienes cumplen con la ley, sino porque podrían poner la vida de los pasajeros en riesgo y aumentar los contagios de covid-19.
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Según la Andi, una jornada de esta magnitud tendría un impacto semanal de $85.000. Fenalco expresó que sectores como turismo y comercio serían los afectados
