La Superintendencia Nacional de Salud mantiene en firme la intervención que desde marzo del año pasado sostiene a la EPS Salud Cóndor, a pesar de que el fallo expedido por el Juez Segundo Laboral de Cali le ordena al organismo de control devolver la empresa.
Por su parte, el gerente nombrado por la misma junta directiva de Salud Cóndor, Fabio Ospina, en una carta enviada a la Supersalud, dijo que el organismo de control está incurriendo en delitos como prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial.
Ospina también reclamó que cualquier actuación que fuere en contra de una decisión judicial “debe ser investigada por quien corresponda”.
En ese sentido, el Superintendente de Salud, Gustavo Enrique Morales Cobo, le respondió en una misiva a Ospina, diciéndole que él no representa legalmente a la EPS, ya que esa figura ahora la ocupa Gladys Sierra, designada por la actual agencia especial liquidadora.
Asimismo, Cobo recordó que “el apoderamiento indebido que usted (Ospina) ha realizado, de la administración y los sistemas de información de la EPS ha llevado, por ejemplo, a demoras en los pagos, mientras las instancias pagadoras dilucidan cuál es la información veraz, y quién tiene legitimidad como ordenador del gasto”.
Según la Supersalud, la intervención se hizo por que la EPS no estaba en condiciones de prestar un servicio óptimo a sus pacientes, denuncias de mala atención, unidos a problemas de déficit presupuestal. La entidad también dijo que a pesar de haberse impuesto un plan de mejoramiento “nunca cumplieron con el plan, por eso se toma la decisión de liquidar la entidad”.
Todo esta novela a lo que conduce es que aún se presenten problemas en la atención a los usuarios. Según el organismo de control, se habla de casi un millón 200 mil personas afiliadas a Salud Cóndor y afectadas por todo tipo de incumplimientos.
La Supersalud indica que la sede principal de la EPS Salud Cóndor está en Pasto, y tiene población afiliada en Cauca, Valle, Cundinamarca, Meta y el norte del país.
