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Las claves del decreto de emergencia económica
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El Ejecutivo ya expidió dos decretos con los que espera recaudar cerca de $12 billones, frente a los $16,3 billones que contemplaba la ley de financiamiento
Arrancó una semana clave para la emergencia económica. Para el Gobierno, si la Corte Constitucional frena o tumba el decreto, el país podría entrar en una crisis fiscal; para el alto tribunal, en cambio, la declaratoria no cumpliría con los requisitos constitucionales de imprevisibilidad y urgencia. Frente a este escenario, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que una eventual suspensión de la emergencia agravaría el desbalance de las finanzas públicas.
La ponencia del magistrado Carlos Camargo, que plantea frenar los efectos del decreto, dejaría un hueco de $4,3 billones en el Presupuesto General de la Nación de este año. El documento aprobado por el Congreso incluía una ley de financiamiento por $16,3 billones, pero tras su hundimiento la emergencia económica se convirtió en la salida del Gobierno Petro. Con los decretos expedidos, el Ejecutivo aseguró un recaudo de $12 billones, lo que deja un remanente cercano a $4 billones.
Entre los puntos más polémicos, y el que ha generado mayor revuelo, se encuentra la disposición que obliga a las generadoras hidráulicas a entregar un aporte en especie equivalente a 12% de la energía vendida en bolsa, destinado a sostener empresas intervenidas del sector.
“Comparado con el presupuesto del año pasado y antes de los aumentos de la deuda de enero de 2026, el alza real del presupuesto total es cercano a 1,2%”.
Ante este escenario, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno trabaja en una prórroga de la emergencia económica o, en su defecto, en una nueva declaratoria. “Los dos decretos expedidos garantizan cerca de $12 billones, pero aún requerimos alrededor de $4 billones adicionales; de lo contrario, habría que reducir el presupuesto”, advirtió.
A pesar de ello, la Corte tiene otro camino. La ponencia de Camargo sostiene que el Gobierno no demostró la existencia de hechos sobrevinientes ni la insuficiencia de los mecanismos ordinarios, por lo que la emergencia económica podría ser suspendida o incluso declarada inconstitucional.
En caso de que la Corte tumbe la emergencia económica, las consecuencias serían principalmente fiscales y jurídicas, ya que el Gobierno perdería los ingresos extraordinarios con los que esperaba recaudar hasta $16,3 billones. Esto obligaría a recortar el PGN de 2026 o a aumentar el endeudamiento mediante la emisión de TES, con un mayor costo por servicio de la deuda.
Para 2026, el Gobierno dejó en firme un Presupuesto por $546,97 billones, con ingresos estimados en $541,69 billones, lo que ya implica una brecha significativa.
Entre las razones que podrían explicar una eventual caída del decreto está que, según la ponencia de Camargo, el Ejecutivo no acreditó la existencia de hechos sobrevinientes ni imprevisibles, ni la insuficiencia de los mecanismos ordinarios, al recurrir a un estado de excepción para atender un déficit fiscal considerado previsible y estructural. Expertos coinciden en que, de faltar recursos en 2026, el camino adecuado sería un recorte y reordenamiento del gasto público.
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