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ECONOMÍA

“Se interpondrá una tutela por el caso de Barranquilla”

sábado, 8 de febrero de 2014
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María Alejandra Sanchez Pedraza

La falta de voluntad política es lo que no ha permitido que se supere la crisis de hacinamiento en las prisiones del país. Según el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, se interpondrá una tutela por el caso de Barranquilla.

¿De quién es la responsabilidad por los presos que no están condenados?
El Código Penitenciario dice que los procesados son responsabilidad de los municipios. Eso en teoría suena bonito, en la práctica, escasamente las ciudades más grandes podrían cumplirlo. El tema no es de legalidad, sino de responsabilidad presupuestal. Por esto se presentó una tutela para el tema de Barranquilla, donde encontramos que la Alcaldía ofreció un espacio para la cárcel. El director del Inpec va a visitar el centro y dice que no es apto y la administración dice que eso no es obligación presupuestal de ellos. La pelea está mientras que los internos siguen en la situación en la que están. A partir de allí dimos unas instrucciones para que se interponga una tutela y que sea un juez el que diga quién tiene que hacer la inversión ya, pero que no sigan en ese ‘pimponeo’.

¿Cuál es la causa de la crisis carcelaria?
El problema del hacinamiento ha sido histórico, pero nunca habíamos  llegado a cifras de casi el 59%. La causa es el sistema penal acusatorio, que fue un cambio trascendental en la justicia, pero que no lo supimos entender. En las democracias donde funciona perfectamente la regla general es la libertad y la excepción son las medidas de aseguramiento, solo en delitos de alto impacto se imponen medidas de aseguramiento, es decir en homicidios, secuestro y extorsión, en los demás delitos las personas bajo fianza enfrentan el proceso estando en libertad y solo cuando es condenado lo trasladan a la cárcel. Aquí ocurre lo contrario, se van poniendo medidas de aseguramiento y al final terminan absolviendo a la persona y ahí surge un problema, además de desconocimiento de los derechos humanos, presupuestal, pues al día de hoy hay demandas contra la Fiscalía por aproximadamente $23 billones de personas que fueron detenidas y que posteriormente un juez los absolvió.

¿Qué ha faltado para solucionar la crisis de hacinamiento?
Yo creo que falta voluntad política, eso debe tenerlo muy claro, porque los recursos están. Es más, había unos recursos para construir cárceles pero no se encuentran los terrenos y empiezan las tutelas a parar todo. Eso es un tema de voluntad política y eso es un llamado al Gobierno.

¿El nuevo código penitenciario ayudará a descongestionar las cárceles?
Esperamos que no haya una excarcelación masiva, como la gente lo dice, sino que delitos de alto impacto tengan acceso a la detención domiciliaría y accesos a subrogados por libertad condicional, pero creemos y debe quedar claro que esta ley no va a solucionar los problemas de hacinamiento. De esta Ley tenemos ya 3.900 solicitudes de libertad y los jueces no han empezado a resolverlas. Hoy tenemos una reunión con el Ministro de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y el Inpec para mirar como socializamos. 

Se estima que entre 5.000 y 7.000 personas podrían acceder a una detención domiciliaria o libertad condicional, pero eso no va a lograr los índices de hacinamiento que estamos buscando. Ahora tenemos una sobrepoblación de 44.615 personas, es decir que si les quitamos los 7.000 seguimos con 38.000 personas en condiciones difíciles. Hemos dicho que esto es una bomba de tiempo, sobre todo con situaciones como lo ocurrido en Barranquilla y este es el llamado que le hacemos al Gobierno Nacional y de ahí la demanda que hemos hecho al Presidente de la República de que estudie declarar la emergencia social, que es una  figura extrema, para enfrentar el problema extremo de las cárceles.

¿Cómo beneficiaría a esta situación la declaración de la emergencia social?
Es una herramienta, pero es un tema tan importante que lo decreta el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros. El 31 de mayo de 2013 se decretó una emergencia carcelaria por el director del Inpec con el visto bueno de la Ministra de Justicia, pero esa medida no sirvió absolutamente para nada, son vergonzosos los resultados que ha tenido. Del 31 de mayo para acá se ha incrementado las sobrepoblación carcelaria de 3.144 internos. Y en esa medida se han construido 340 nuevos cupos de cárceles. ¿Para qué sirve la emergencia carcelaria?

¿Ya se ha hecho la inversión para esas emergencias?
Eso es lo que queremos ver, qué ha pasado con esas inversiones, cuánta plata se ha invertido, en dónde están esos cupos. Por eso insistimos que el Presidente puede sacar decretos leyes de emergencia, porque asume la función legislativa transitoria, obviamente con los controles de la Corte Constitucional, como debe ser, pero podría armonizar el sistema acusatorio en algunos artículos que tanto el Fiscal como el presidente de la Sala Penal lo han venido mencionando para hacer esos ajustes. 

¿Qué se necesita para hacer más eficiente el sistema?
Faltan una cantidad de ajustes para mejorar la administración del sistema penal y carcelario, que le ahorrarían un mundo de plata al Estado, pero adicionalmente le mejorarían las condiciones a los que intervienen en los procesos. Me explico: hoy se dañan más o menos 30% de las audiencias decretadas por los jueces o atribuibles a la Fiscalía, si lleváramos a cabo esas audiencias, si tuviéramos un sistema bien administrado, ese 30% podría ayudar bien para que absuelvan o condenen.

Desde el año pasado está solicitando para que se haga esta emergencia social. ¿Por qué no hay respuesta? 
El Gobierno inicialmente me dijo que iban a decretar la emergencia carcelaria, pero de manera preventiva para ver cómo iba. Yo creo que es hora de hacer el balance. Esa medida se decretó el 31 de mayo y al día de hoy no ha pasado nada, como sus resultados lo demuestran. Yo seguiré haciendo esa solicitud. Se la he planteado reciente mente al señor ministro de Justicia y al Presidente de la República, mediante carta escrita, medios de comunicación y es un clamor de derechos humanos, de respeto a la dignidad a las personas que están allá internas. Algunas de ellas, un número importante, son inocentes. Si ustedes observan, de las 120.681 personas internas, aproximadamente 37.000 están en condiciones de inprocesados, es decir, no les han resuelto su situación. Cuántas de ellas son inocentes y van a salir a interponer una demanda con todo el derecho del mundo por los perjuicios ocasionados. 

Se han presentado muchos proyectos para subir las penas y no para hacer eficiente el sistema
Nosotros vivimos al vaivén del populismo legislativo. Hoy los medios transmiten una noticia dolorosa, de alguna agresión y mañana ya hay cuatro proyectos de ley incrementando penas, creando un nuevo tipo penal. Esa es la respuesta que nosotros tenemos.

Hay una errónea e irresponsable política criminal. Y por fin quedó en esta ley, que proyecto de ley que se trámite en el congreso tiene que llevar un concepto positivo o negativo del Concejo Superior de Política Pública. Legislamos de manera irresponsable, si yo voy a incrementar penas, lo primero que tengo que acompañar un proyecto de esa naturaleza es con un impacto de planeación judicial y carcelaria

El costo de un interno es alto, pero sus condiciones son muy malas...
Exacto, es que todo el mundo dice $1,2 millones, pero eso no lo recibe el interno. Eso es la infraestructura, el traslado, la administración de las cárceles, pero ellos como tal están en muy malas condiciones.

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