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Se trata de Carlos Arturo Pulgarín, Carlos Arturo Arenas, trabajadores de Ecopetrol y administradores del proyecto, y Hermann Montenegro, representante del consorcio CEI-ACI que realizaba la interventoría de dos contratos.
Se cuestiona el contrato 5205636 de 2009, celebrado para el ajuste a la Ingeniería y suministros para la adecuación de la planta deshidratadora Isla IV y construcción, montaje y puesta en marcha de la fase I de la planta de tratamiento de agua para inyección ubicada en el campo Yariguí - Cantagallo.
Igualmente, el contrato 5209524 de 2010 para la revisión a la Ingeniería, suministros, construcción, montaje, precomisionamiento, soporte al comisionamiento y soporte a la puesta en marcha de la planta de inyección de agua para la recuperación secundaria del campo Yariguí-Cantagallo.
De acuerdo con la Procuraduría, Carlos Pulgarín y Carlos Arturo Arenas al parecer nunca hicieron seguimiento, verificaron, ni formularon observaciones para establecer si el contratista cumplía correctamente con las labores.
En ese sentido, el Ministerio Público busca determinar si los investigados permitieron que se ejecutaran los contratos con válvulas suministradas por el contratista remanufacturadas que pasaron como nuevas y con certificados de calidad adulterados, es decir sin cumplir las condiciones de calidad exigidas.
Así mismo, se investiga la conducta del representante designado del consorcio CEI-ACI, Hermann Montenegro Orjuela, quien habría omitido actos propios de su función como interventor de la obra que realizaban para Ecopetrol.
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