Contraloría advirtió sobre falta de recursos para políticas de perspectiva de género

Por medio de su delegación para el sector agropecuario y población focalizada, la Contraloría General analizó la construcción y evolución de los cuidados rurales enfocados en mujeres entre 2016 y 2025 y encontró incumplimientos en la asignación de recursos destinados a la implementación de las políticas de perspectiva de género y cuidados rurales.

Cabe recordar que la Política Nacional de Cuidado contempla acciones de atención para adultos, niños, niñas, animales y sobre la producción de alimentos en zonas rurales con enfoque en las mujeres, especialmente en áreas precarizadas y radicalizadas. En razón de ellos, el ente de control revisó las actividades de inclusión social dentro del Plan de Acción del Conpes 4143.

En este proceso, evidenció que, aunque el Ministerio de Agricultura reportó recursos totales por $11.719 millones para dar cumplimiento al Conpes, no presentó "una desagregación que permita identificar de manera clara y concisa qué parte de los recursos, tienen una destinación específica para actividades relacionadas con el cuidado rural".

En otras palabras, estableció que las acciones contempladas en la política de cuidado sí buscaron soluciones para distintos problemas, pero presentaron un grado de adecuación parcial que limitó el impacto esperado. Por ello, la Contraloría aclaró que, si bien hay una base sobre la cual avanzar, "su grado de adecuación es parcial frente a los problemas estructurales que enfrentan las mujeres rurales cuidadoras", teniendo en cuenta las graves desigualdades a las que se enfrentan.

Otro de sus hallazgos se relacionó con la capacidad financiera, pues determinó que solo 50% de las instituciones del sector agropecuario e inclusión social destina un presupuesto específico para equipos y personal encargados del Programa Nacional de Cuidado y la Política Nacional de Cuidado. Mientras que la otra mitad no destina recursos definidos para estas acciones.

A esta problemática se suma la eventual desaparición del Ministerio de Igualdad; debido a que, a juicio del ente de control fiscal, implicaría el cierre de diferentes intervenciones, incluyendo la implementación del sistema de cuidado para mujeres rurales, campesinas y de la pesca.

"El escenario de ajuste presupuestal definido por el Gobierno Nacional en el sector agricultura, sumado al desfinanciamiento de los organismos de cooperación internacional, de programas enfocados a la ruralidad representa un riesgo inminente para su continuidad", añadió.

Ante estos riesgos, la Contraloría pidió a la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras asignar presupuestos específicos para medidas con perspectiva de género y advirtió que se requiere la integración de trayectorias de equipos de género para enriquecer los procesos.