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Costos, tiempos y limitaciones que tendría todo el proceso se conocerían en menos de 24 semanas según dijo la jefe de la cartera
En medio de su viaje a Egipto por cuenta de la COP27, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció cuáles serán los primeros pasos para la construcción de lo que sería la hoja de ruta para la transición energética.
A través de análisis técnicos, de la normatividad existente y de las acciones que se emprendieron a nivel nacional para empezar la diversificación de la matriz energética, el proceso buscará construir lo que queda en materia de transición energética para el país.
Vélez agregó que este proceso durará mínimo seis meses. “La gran noticia que trae consigo este lanzamiento es que el país tendrá varios hitos de participación social sobre la transición energética justa. Acá, todos vamos a participar”, dijo.
Los talleres, que según afirmó la MinMinas serán seis, se realizarán con los diferentes actores sociales. Este grupo estará compuesto por órganos como sindicatos, universidades, centros de investigación, comunidades regionales, empresas, y el sector privado tanto internacional como nacional.
“Debe haber un mecanismo claro de política pública. Un plan de trabajo concre-to y escrito en el que se especifique un diseño y diagnóstico certero de lo que se hará con el plan”.
Objetivos perseguidos
Los resultados que tendrá este proceso serán en tres productos puntuales según anunció la misma de Minas a través de un vídeo que compartió en su cuenta de Twitter.
El primero, sería en sí misma la hoja de ruta para la transición, la cual, según Vélez, “nos dará un mapa de en cuánto tiempo, con qué plata y a través de que hitos vamos a lograr la transición energética”.
El segundo serían los lineamientos de género étnico-territoriales que se van a manejar en el proyecto. Y, por último, también se conseguiría “una visión sobre el marco regulatorio y los habilitadores que se necesitarán para lograr este objetivo (la transición energética)”, sentenció Vélez.
Podría ser apresurado
Según Luis Jorge Hernández, doctor en salud pública y profesor de la Universidad de Los Andes, estos planes deben obedecer a un mecanismo concertado con la sociedad. “Y no es solo decir que se va a hablar con todos los sectores, sino que en realidad haya consenso”.
El caso más parecido, dijo, podría ser el de la Unión Europea (UE). “Cuando se habla de ‘hojas de ruta’ para la transición, la UE es el caso quizá más demostrativo”. Dicho acuerdo, según Hernández, tomó años para su concertación, pues en realidad sí se tuvo en cuenta, y no solo se habló, a todos los sectores.
“Lo ideal sería que este plan no cayera en ‘diálogos de montonero’, en los que mucho se habla pero nada se aplica, como en la reforma tributaria”, dijo. Al ser un tema álgido, dijo, es difícil que se pueda hacer un buen trabajo en seis meses o menos.
Al respecto, Carolina Montes, abogada ambientalista y profesora de la Universidad Externado, dijo que este tipo de planes normalmente conllevan a algo de mucho más de largo alcance. “El país tiene una inercia que es muy difícil romper en el tiempo que lo quiere hacer el gobierno”.
Si bien es interesante comenzar a revisar el panorama en este aspecto, dijo, es difícil que en seis meses este tipo de ejercicios dé resultados concretos.
Esta sería la hoja de ruta
La hoja de ruta contaría, según el documento, con cuatro principios y tres fases, que tendrían como eje fundamental y “de manera determinante”, al diálogo social con la ciudadanía.
En la primera fase se planeará y preparará el proceso, incluido la interacción con grupos de interés como sindicatos, comunidades territoriales y étnicas, gremios, asociaciones y academia, así como los mecanismos de participación y el inventario de la información para los análisis requeridos y durará un mes.
Para la segunda fase se establecerá la visión con las metas concretas a largo plazo (cuantificadas) y el tiempo que se necesitará para lograrlas. Allí se tendrán en cuenta el análisis integral del sistema energético y podría durar cerca de ocho semanas.
Por último, en la última y tercera fase, se diseñaría la hoja ruta para alcanzar las metas deseadas. En ella se identificarían los habilitadores regulatorios requeridos y los análisis de riesgos y brechas. Su desarrollo podría demorarse tres meses.
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