Reforma al Sistema General de Participaciones de Cárdenas no convence

Las brechas sociales e inequidades existentes entre las diferentes regiones del país han puesto sobre la mesa en más de una ocasión la necesidad de reformar el Sistema General de Participaciones (SGP), instrumento mediante el cual la Nación transfiere un valor equivalente a 3,8% del PIB a las entidades territoriales para la financiación de servicios como la salud, la educación o el agua potable.

Con el objetivo de optimizar el uso de estos recursos, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó este lunes ante el Congreso el proyecto de Ley que, según sus palabras, reforma de forma integral el funcionamiento de dicho sistema al introducir medidas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y otorgar mayores ingresos para la educación y las comunidades indígenas.

El proyecto, que deberá ser debatido por el recién conformado Legislativo, propone aumentar los recursos totales 12,3% al pasar de una apropiación de $36,7 billones en 2018 a $41,3 billones en 2019 ($4,5 billones adicionales de una vigencia a otra).

Además, el documento plantea redistribuir los recursos de manera que la participación en educación pase de 56,16% a 57,58%, lo que representa un alza de 1,42 puntos porcentuales; la asignación especial para resguardos indígenas, se incremente de 0,52% a 1,0% (+ 0,48 pp) y la asignación del Fonpet disminuya 1,9 pp, de 2,8% a 1,0%.

Sin embargo, para los gobernadores esta no sería una reforma integral del sistema pues no cumple los lineamientos de la Constitución de 1991 que estableció que 46% de los ingresos corrientes de la Nación debían ser transferidos a las entidades territoriales.

“Queremos un cambio de fondo. Principalmente, nuestro reparo está en la cuantía que se transfiere a las entidades territoriales. Este proyecto no aumenta los recursos sino lo único que hace son cambios muy cosméticos que en nada fortalecen las finanzas territoriales del país”, indicó Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del departamento de Atlántico.

En ese sentido, Anif sostiene que el bajo crecimiento de las transferencias del SGP por cuenta de la desaceleración económica hacia ritmos de 2,5% real anual durante 2016-2018, respecto de un histórico de 4,5% anual es uno de los desafíos del sistema.

“Es clave que el rubro del SGP crezca en términos reales a ritmos cercanos a 2% para poder honrarle a los territorios sus obligaciones con los gastos en salud y educación. Esto luce difícil de cumplir dado el estancamiento del recaudo tributario del Gobierno en niveles del 14% del PIB”, indicó el director de la entidad, Sergio Clavijo, en una de sus recientes columnas.

Por su parte, el experto de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, Jorge Iván González, opinó que debe existir una fórmula para que las regiones más rezagadas reciban más recursos del SGP que las ciudades grandes e intermedias.

“Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla no deberían recibir la misma cantidad de recursos del sistema que el resto. Estas tendrían que participar más activamente en la financiación de la educación y de la salud. Al contrario, deberían ser los municipios más pequeños los que más se beneficien de esos recursos”, sostuvo el González.