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Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho
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Entre las propuestas del proyecto de reforma estaría mayor autonomía del presidente Petro en la regulación de los servicios públicos
El próximo 20 de julio, el Gobierno radicaría el proyecto de reforma de los servicios públicos, el cual incluiría subastas de energía y estrategias que planteará la cartera de Minas y Energía para reducir el costo en la prestaciones de servicios, como en el caso de la energía, que ha sido ampliamente cuestionado, y con más fuerza en la región Caribe.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, señaló que han trabajado de la mano de los usuarios a través de asambleas, que buscan concretar propuestas no solo para optimizar la calidad de los servicios, sino también para replantear el tema de las tarifas, que incluso ha demandado debates en el seno del Congreso de la República, e innumerables reuniones con los gobernadores del Caribe.
Lo último que se dio a conocer sobre este tema, es que el gobierno asumiría 20% de la opción tarifaria, es decir de las deudas acumuladas en el servicio de energía, desde el periodo de pandemia, cuyos costos fueron congelados mientras pasaba la emergencia sanitaria. Y que actualmente ha desbordado la capacidad de pago por parte de los usuarios del norte del país.
Sobre el proyecto de ley, que cursará a finales de julio en el Congreso, se conoce que en la regulación de los servicios públicos el presidente Petro tendría mayor participación, así mismo las obligaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, serían ajustadas.
La apuesta del Gobierno Petro, también hace referencia al crecimiento de la oferta de energía, y una de las formas de alcanzar ese objetivo para aumentar la exportación, es por medio del potencial de energía eólica offshore.
De acuerdo a las proyecciones realizadas previamente, el fenómeno de El Niño podría mantener una intensidad de fuerte a muy fuerte al menos hasta marzo de 2027, con 83% de probabilidad
Para el mismo mes de 2025, las obligaciones externas sumaban US$221.736 millones y representaban 52,2% del PIB
La suspensión pone en pausa un negocio bilateral que había generado ingresos por $530.683 millones
