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Cerca de $26,3 billones es la meta de recaudo de la ley de financiamiento, que pretendería aplicarse en 2026.
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El lunes 15 de septiembre es la fecha límite para definir la cifra. A puerta cerrada se discutieron los puntos que se “sacrificarían” de la tributaria para lograr el aval del Congreso
Hoy se citó nuevamente a una sesión conjunta de las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes, en la que también participarán el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Natalia Molina, en el que se podría definir el monto del Presupuesto General de la Nación de 2026.
El plazo para definir la cifra vence el lunes 15 de septiembre. Sin embargo, hasta ahora no se ha alcanzado una concertación clara que trace el camino de la política fiscal para 2026.
Tras varias cancelaciones de reuniones en el Congreso, los líderes de las comisiones económicas se han reunido con el presidente Petro con el propósito de construir consensos en torno a la iniciativa del Gobierno, atada a la ley de financiamiento.
Wilmer Castellanos, representante a la Cámara y presidente de la Comisión Tercera, advirtió que el Presupuesto cuenta con fuentes de financiación inciertas, por lo cual es necesario reducir el monto.
El congresista dijo que algunos puntos de la reforma tributaria no llegarán a debate. Reveló que, tras las concertaciones con el Ejecutivo, el impuesto a la gasolina y al diésel quedaría excluido del proyecto.
“En una concertación se definió que ya no iría este impuesto, así como otros del articulado de la reforma tributaria, entre ellos el IVA a vehículos híbridos, el gravamen excesivo a los licores, y el IVA a las entradas de conciertos en el margen que proponía el Gobierno. Otros puntos seguirán sujetos a discusión”, aseguró.
“Expedir el Presupuesto por decreto ocasionaría que el Gobierno determine la ley de apropiaciones. El peligro es que reduzca presupuesto a entes de control con miras a las elecciones de 2026”.
“En una concertación se definió que ya no iría el impuesto a la gasolina y al diésel, así como el IVA a vehículos híbridos, el gravamen excesivo a los licores, y el IVA a las entradas de conciertos”.
Añadió que el Gobierno está dispuesto a reducir cerca de $10 billones al proyecto de Presupuesto, recorte que se aplicaría a través de los ajustes en el recaudo de la tributaria.
Castellanos además subrayó que el Gobierno busca generar consensos, con el objetivo que la iniciativa sea aprobada en las comisiones económicas, y no mediante un decreto, como ocurrió en 2024, cuando se dio la dictadura fiscal, que a su vez dejó al Estado con un Presupuesto desfinanciado.
Óscar Darío Pérez, también representante a la Cámara, señaló que es improbable que se alcance una concertación sobre el monto antes del 15 de septiembre. Explicó que no hay acuerdos en torno a aprobar un Presupuesto que no está debidamente financiado.
“Si el Gobierno se presta para reducir el monto en un mínimo de $26,3 billones, habría luz verde para continuar con el trámite del proyecto”, afirmó.
Respecto al recorte de $10 billones, consideró que esta cifra es insuficiente y aclaró que no se trata de una negociación o de un trueque: el ajuste, dijo, debe hacerse en lo que corresponda.
Pérez advirtió que, si no se construye consenso en el monto, la política fiscal tendría dos caminos: el primero sería que el Congreso apruebe una ley de apropiaciones (gastos presupuestales), con el fin de reducir el monto.
Cabe destacar que la discusión se ha aplazado en tres oportunidades, y ha frenado, entre otras tareas, la designación de coordinadores y ponentes que tendrán que liderar la discusión de la reforma tributaria.
Óscar Darío Pérez, explicó que la ley de apropiaciones hace parte del Presupuesto y que, en esencia, el rubro de gastos corresponde a dicha ley. A su juicio, la expedición de un Presupuesto por decreto conlleva el riesgo de que el Gobierno defina de manera unilateral cómo se elaborará la ley de apropiaciones.
Según advirtió, esto podría traducirse en una reducción de los recursos destinados a la Registraduría, la Procuraduría y otros entes de control, “con miras a las elecciones de 2026”, por lo que pidió que se logren los consensos.
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