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Autopistas del Café
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El Ministerio Público expresó preocupación por el futuro mantenimiento, operación y conservación de la infraestructura vial
La Procuraduría General de la Nación abrió vigilancia preventiva sobre el corredor vial del Eje Cafetero y pidió información detallada al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre el futuro de la concesión Autopistas del Café y de la iniciativa privada IP Conexión Centro, que había presentado Odinsa.
En un documento firmado el 26 de mayo de 2026, el organismo de control solicitó precisar si existe alguna decisión orientada a modificar el contrato actual o avanzar en una terminación anticipada de la concesión. La Procuraduría recordó que, en comunicaciones previas, la ANI había señalado expresamente que no se contempla esa posibilidad.
El texto se conoció en medio de las protestas sociales y las discusiones alrededor del peaje de Tarapacá II, así como de las mesas de diálogo adelantadas con sectores ciudadanos y autoridades territoriales de Risaralda, Caldas y Quindío.
La Procuraduría advirtió que eventuales decisiones relacionadas con el desmontaje de peajes o cambios en la concesión podrían generar riesgos fiscales, contractuales, financieros y operativos para el Estado y para la continuidad del servicio vial.
Entre los riesgos mencionados aparecen posibles incumplimientos contractuales, reclamaciones judiciales y arbitrales, afectaciones a la sostenibilidad financiera de los proyectos y riesgos para la ejecución de obras estratégicas en la región.
“El eventual incumplimiento podría derivar en reclamaciones contractuales, controversias judiciales y arbitrales, solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico del contrato y potenciales responsabilidades o condenas patrimoniales contra la Nación”, señala el documento.
Además, el Ministerio Público expresó preocupación por el futuro mantenimiento, operación y conservación de la infraestructura vial en caso de que se produzcan modificaciones en el esquema actual.
La entidad también pidió detalles sobre el estado del contrato de concesión vigente, las obligaciones pendientes del concesionario, posibles litigios relacionados con Autopistas del Café y el modelo con el que se garantizaría la sostenibilidad financiera de nuevas obras.
Frente a la IP Conexión Centro, la Procuraduría señaló que autoridades regionales y distintos sectores han manifestado inquietudes por la falta de información suficiente sobre los alcances técnicos y operativos del proyecto, pese a tratarse de una iniciativa estratégica para la conectividad y competitividad del Eje Cafetero.
En ese contexto, invitó a la ANI y al Ministerio de Transporte a fortalecer los espacios de participación ciudadana y articulación institucional antes de adoptar decisiones definitivas sobre el futuro de estos proyectos viales.
El acuerdo se logró gracias al desarrollo de una mesa técnica que contó con la participación de la Gobernación del Valle, Ministerios, la Procuraduría y la Defensoría
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