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Documentos presentados por una firma del consorcio levantan dudas
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, que suspenda inmediatamente el contrato por $215.000 millones para la semaforización inteligente de Bogotá, ya que habría inconsistencias en la información económica presentada por una de las firmas que conforman el consorcio elegido para desarrollar este proyecto.
Según el ente de control, no hay seguridad de que la información y los soportes presentados en el proceso de licitación por Sutec Sucursal Colombia S.A., miembro del consorcio Movilidad Futura 2050, sean auténticos y correspondan a la realidad de la compañía.
Por este motivo, la Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria contra el secretario Bocarejo, por la presunta violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía con respecto al contrato de suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento de un sistema de semáforos inteligentes.
Igualmente, la investigación orquestada por el Ministerio Público afecta a Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de Servicios de Movilidad, en calidad de delegataria como ordenadora del gasto, y a Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.
Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de cierre de investigación y se evalúa si se formularán cargos o se archiva el expediente.
Vale la pena recordar que en octubre de 2017, la Procuraduría solicitó la suspensión de esta licitación, de la que hizo varias observaciones de tipo técnico en materia de seguridad vial, la falta de planeación, improvisación en el cálculo económico, probable favorecimiento de oferentes, y alto riesgo para la salvaguarda del patrimonio público invertido.
El consorcio Movilidad Futura 2050, que también está conformado por Siemens S.A., obtuvo 500 puntos en la calificación final y obtuvo la licitación tras ofrecer hacer la modernización de los semáforos de la capital con $173.000 millones, $42.000 millones menos que el presupuesto autorizado.
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