Preocupación entorno a las empresas vinculadas a la construcción del metro de Bogotá

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El primer viaje del metro de Bogotá se tiene previsto para finales de 2025, de acuerdo con la promesa que le hizo el exalcalde Enrique Peñalosa a los capitalinos el 17 de octubre de 2019, día en el que oficialmente se conoció el nombre del consorcio encargado (Apca Transmimetro) de hacer la primera línea de este proyecto que contará con una inversión de al menos $22 billones.

A pesar de que la noticia emocionó a parte de los habitantes de la capital, hubo quienes quedaron con un sinsabor, debido a que la licitación de constructores por el metro de Bogotá, de la que salió victoriosa China Harbour Engineering Company Limited (Chec), decían que esta reunía a empresas acusadas de tener líos de corrupción e incumplimientos de obras, lo cual podría empañar este proyecto.

El descontento entre la opinión pública por la forma en que se entregó el aval a la firma china aún está presente entre los ciudadanos, por lo menos así lo expresó el ex vicepresidente, Germán Vargas Lleras, quien en su columna en El Tiempo, alertó sobre tres preocupación que giran alrededor de la ejecución de esta obra y que involucran a Consultoría Colombiana y Chec (responsables del metro); y a Alexandra Rojas, exgerente de Transmilenio (2016 y 2017).

De acuerdo con la publicación, el primer aspecto que le genera preocupación es que la licitación que abrió Peñalosa para este proyecto ‘tan solo’ duró tres meses. “La evaluación tomó veinte días, por un equipo improvisado y de cuestionada experiencia, según informe de la Contraloría; y la adjudicación, escasos seis días”, añadió.

El segundo aspecto sobre el que alertó tiene que ver con la trayectoria que logró adelantar Rojas en medio de la carrera por la adjudicación de este megaproyecto. Según Vargas Lleras, al revisar la hoja de vida de la funcionaria, salta a la vista que luego de ser gerente de Transmilenio pasó a “ser miembro de la junta del metro en la cual se aprobó el contrato para los estudios del patio taller con la firma Consultoría Colombiana. Luego de esto pasó a ser vicepresidenta y posteriormente representante legal de esta compañía, a la cual luego se le adjudicaría también la estructuración del Transmilenio por la Avenida 68, así como por la Carrera 7.ª”.

A pesar de que no se ha comprobado nada en contra de Rojas, su cambio de cargos en los últimos años deja interrogantes como: “¿será cierto que Consultoría Colombiana tenía un conocimiento detallado de la licitación del metro por tener en su equipo para esta época a la doctora Rojas? ¿Uso de información privilegiada? Dada la precisión de la oferta china, ¿cómo descartar esta hipótesis?”, dijo Vargas Lleras.

El último aspecto de lo que denunció el excandidato presidencial tiene que ver con el retraso que tiene Chec en una obra 4G en Colombia. Según Vargas Lleras, a esta compañía le está quedando grande la construcción de la carretera en el tramo de Santa Fe de Antioquia al Urabá. En cinco años solo se ha ejecutado el 14% de la obra, y “debería terminar en diciembre de 2021, pero es evidente que no ocurrirá”.

Con base en esto, Vargas Lleras concluyó que “toda la razón tiene la alcaldesa acerca de la necesidad de ejercer todos los controles sobre esta obra. Yo cumplo hoy con dejar expresadas mi preocupación y constancia”.

A las anteriores denuncias se le suma que tras analizar los posibles riesgos identificados en la gestión adelantada para llevar a cabo la licitación pública de la primera línea del metro de Bogotá, la Contraloría General de la República encontró seis debilidades, entre las que se destacan las irregularidades en la aprobación del cupo de endeudamiento distrital, irregularidad en la aprobación de vigencias futuras ordinarias para el Proyecto Metro de Bogotá y la no inclusión de la ingeniería de detalle en proyectos de infraestructura.

Sobre este panorama, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la U. Nacional dijo que “estas preocupaciones deben ser resueltas cuanto antes para que el metro fluya bajo los principios de transparencia y economía, ya que si se llega a comprobar algo va a impactar financieramente y en el cronograma. Esto hace que los ojos de la Controlaría y Procuraduría estén puestos en la obra”.