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Uno de estos ítems fue señalado en su momento por el profesor Jorge Iván González, Ph.D. en Economía de la Universidad Católica de Lovaina. El académico ha hecho hincapié en la necesidad de que el nuevo PND contenga “reformas estructurales” para el posconflicto, pues actualmente se plantean solamente “ajustes marginales a las actuales políticas”.
En este mismo sentido se expresó el profesor, Dimas Martínez, director del Centro de Altos Estudios para la Paz de la Universidad Autónoma. En su criterio, el PND no presta atención a las regiones tras el posconflicto.
“Es necesario que se consulte a las regiones y que las respuestas en todo lo relacionado con el acercamiento a aquellos que realicen dejación de armas o las víctimas surjan desde éstas”.
Para Martínez, el PND también debe tener en cuenta las inversiones en el agro colombiano. “Debe haber asistencia técnica y créditos favorables para campesinos que fueron víctimas”.
Otro de los puntos señalados por el profesor González, pone de manifiesto la actuación nula que tienen las administraciones locales en el nuevo PND, a la hora de otorgar y ejecutar licencias de explotación, estudios de impacto ambiental, impuestos y regalías mineras, pues las decisiones que son tomadas desde el Gobierno afecta a los territorios en sus planes territoriales y en aspectos como el empleo.
“No hay unidad de criterio, entre los congresistas, a la hora de definir el PND entre las regiones y el Gobierno”, explica el profesor Martínez.
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