Según Fedelonjas, en 35% de los contratos de locales se ha llegado a acuerdos de pago, por lo que hay opiniones divididas ante nuevo decreto

Adriana Carolina Leal Acosta

El cierre obligatorio de la mayoría de los comercios en el país durante abril tuvo un efecto sobre las inmobiliarias y los dueños de los locales, pues según una encuesta realizada por Fedelonjas, en ese mes no se pagó 49% de los arriendos comerciales en todo el país.

Esta situación ha abierto el debate entre los gremios y el Gobierno, sobre qué medidas se deberían tomar para proteger tanto a los comerciantes, cuyos ingresos cayeron incluso a $0, y para los propietarios de los inmuebles, que según Fedelonjas en más de 80% de los casos son personas de nivel socioeconómico 1,2 o 3, cuyos ingresos dependen en gran medida de los arrendamientos.

De hecho, se espera que esta semana sea expedido un decreto en el que se elimine o se reduzca significativamente la multa a pagar cuando un arrendatario comercial quiera entregar el local, antes de que se cumpla el tiempo del contrato, lo cual fue confirmado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero que está siendo creado por el Ministerio de Vivienda.

Ahora bien, Andrés Martínez, presidente ejecutivo de la Lonja de Bogotá, señaló que en el sondeo mencionado se tuvieron en cuenta 10.278 contratos de locales comerciales, y resaltó que en 35% de los casos, se llegó a alguna clase de trato, en los que se incluyeron condonación de deudas, periodos de gracia y pagos diferidos.

“Los acuerdos son más o menos en 3.200 contratos. Pero hay que tener en cuenta que en el país muchos contratos de arriendo se hacen directamente con los propietarios o son de palabra, por lo que es muy difícil hacer un cálculo de la dimensión de este problema”, explicó Martínez.

LOS CONTRASTES

  • Andrés MartínezPresidente ejecutivo de la Lonja Bogotá

    "Hay que tener en cuenta que en el país muchos contratos de arriendo se hacen directamente con los propietarios o son de palabra, por lo que es muy difícil hacer un cálculo de la dimensión de este problema”

Pero las negociaciones no han sido fáciles. Así lo señaló Rosmery Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), quien dijo que los lineamientos del decreto 579 expedido el 15 de abril de 2020 se diseñaron para las viviendas y solo dan algunas pautas para los locales, por lo que considera que esto no ha sido efectivo, ni suficiente en el segundo frente.

“Lo que pedimos es endurecer la obligación de la negociación y que se dé la posibilidad de entregar los locales cuando sea necesario, sin sanción, ya que usualmente la penalidad son tres meses de arriendo. Pero nosotros no desconocemos la importancia de la antigüedad de las relaciones comerciales, ya que en más de 38% de los casos los contratos llevan más de seis años. Entonces para estas personas es mejor negociar que entregar”, explicó la líder gremial, quien agregó que 63% de las empresas ha tenido reducciones de ingresos de más de 80% y el resto, de cerca de 50%.

“Si sale este decreto sería lo mejor que le podría pasar a los restaurantes, ya que se han tenido que cerrar 19.000 y las pérdidas ascienden a $720.000 millones. Solo 12% está vendiendo y 15% de lo que entra, se va en el pago de arriendo”, dijo Henrique Gómez, presidente de Acodres.

Se ha logrado hacer más convenios en los centros comerciales

Según Carlos Betancourt, director ejecutivo de Acecolombia, de 41.000 locales que componen los centros comerciales del país, más de 30.900 han hecho acuerdos con la inmobiliarias y propietarios sobre los pagos del arriendo, lo que equivale a 75%. “Entendemos que el Gobierno está adelantando la búsqueda de mecanismos que promuevan los acuerdos y establezcan lineamientos claros que generen incentivos para lograr acuerdos equitativos y solidarios, lo que será clave en el proceso de reactivación del sector inmobiliario y el comercio en general”, dijo.