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El contralor de Bogotá, Diego Ardila, aseguró que se perdieron los recursos que se utilizaron para la modificación extraordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El total de los dineros utilizados fueron $6.738 millones.
"Lo único que aportó el POT decretado fue incertidumbre jurídica para la ciudad" aseguró Ardila. También explicó que el decreto que se presentó no hacía modificaciones al antiguo Plan sino que se trataba de uno completamente distinto.
Las consecuencias según el Contralor de que el Consejo de Estado haya detenido la ejecución del POT están en que se dejaran de recaudar impuestos, se pararán los proyectos que se licenciaron con el nuevo decreto, consecuencias que no contribuyen al desarrollo de Bogotá.
Por último añadió que la competencia de determinar si era necesario o no un nuevo POT para la ciudad era del Concejo de Bogotá y no del alcalde en su momento. Además que el plan de desarrollo de Bogotá Humana debió sujetarse para su ejecución de mediano y largo plazo al Plan que estaba vigente en ese momento.
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