La ponencia para segundo debate del presupuesto fija un monto de $546,9 billones

Quedó lista la ponencia para el segundo debate del Presupuesto General de la Nación, PGN, para la vigencia 2026, en la que se acoge reducir en $10 billones el monto propuesto inicialmente y fijarlo en $546,9 billones.

Con el ajuste de la ponencia, el rubro de funcionamiento pasa de $365,7 billones a $358,1 billones; el servicio pasa de $102,4 billones a $100,4 billones; e inversión pasa de $88,7 billones a $88,4 billones.

El pasado 11 de septiembre, en el foro de deliberación institucional de las Comisiones Económicas Conjuntas, se adelantó la discusión sobre el monto del PGN. En esta sesión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, propuso una reducción de $10 billones, teniendo en cuenta la coyuntura fiscal actual y con el propósito de avanzar hacia la consolidación de una propuesta consensuada.

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"En el marco del debate adelantado en las Comisiones Económicas Conjuntas, esta ponencia acoge la propuesta del señor ministro de Hacienda y Crédito Público de efectuar una reducción de $10 billones, de manera que el monto del proyecto ascienda $546,9 billones", se lee en el texto.

Este ajuste, tal como se anota allí, "responde a la coyuntura fiscal actual y busca garantizar la aprobación de una Ley de Presupuesto para la vigencia 2026 que contribuya al desarrollo económico y social del país, en el marco de la sostenibilidad fiscal y en coherencia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, indicaron los parlamentarios firmantes".

Estas modificaciones, según anotaron, "se dieron en un contexto institucional particularmente sensible. Ante la posibilidad de que el Congreso no lograra aprobar una ponencia antes de los plazos constitucionales, el presidente de la República, Gustavo Petro, hubiese estado habilitado para expedir el presupuesto por decreto, con el texto original del Ejecutivo. En ese escenario, además de mantener el monto más alto propuesto inicialmente ($556,9 billones), se habrían preservado artículos que otorgaban facultades extraordinarias al Gobierno, lo que fue calificado por sectores de oposición como una posible "dictadura fiscal".

"Conscientes de la trascendencia de este debate, las comisiones actuaron en el marco de sus competencias constitucionales, deliberaron de manera amplia y construyeron consensos en torno a la necesidad de garantizar la aprobación de un presupuesto que, sin desconocer las necesidades del país, preservara el equilibrio institucional y reafirmara el rol del Congreso en materia presupuestal", menciona el texto.