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En el Plan de Desarrollo se plantean una serie de artículos enfocados en la protección social, como la creación de transferencias en especie
Una de las metas del cuatrienio que se trazó en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, ya radicado ante el Congreso, es disminuir la incidencia de la pobreza monetaria, pasando de la cifra de 39,3% registrada en 2021 a 35,5%.
Con ese objetivo, el documento plantea una serie de artículos enfocados en la protección social. En un primer punto busca la creación de un Sistema de Transferencias, bajo la dirección del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), que esté integrado por dos modalidades: transferencias monetarias y en especie, esta última con el fin de garantizar el derecho humano a la alimentación de la población en situación de pobreza y pobreza extrema.
Precisamente será el DPS el encargado de diseñar, definir, regular, ejecutar, realizar seguimiento y evaluación a los programas del sistema, así como reglamentar su operación, funcionamiento, criterios de ingreso, permanencia y salida.
Para las transferencias monetarias, bajo el artículo 52 se busca crear un programa de renta ciudadana para la entrega de estos montos, tanto condicionados como no condicionados, a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica.
De ser aprobado este punto, el DPS tendrá hasta el 31 de diciembre de este año para reglamentar e implementar la armonización de los programas de transferencias existentes, por lo que se esperan cambios en los ya establecidos, como Familias y Jóvenes en Acción. Eso sí, los beneficiarios de los programas actuales seguirán recibiendo los beneficios durante ese proceso.
En este punto, el Gobierno busca aumentar la inclusión financiera entre la población de menores ingresos, pues se establecerán las condiciones, productos y canales para hacer la entrega de las transferencias monetarias.
Sobre las transferencias en es especie, se creará "hambre cero", que hará parte del Sistema de Transferencias y consistirá en la entrega de recursos en especie para garantizar el derecho humano a la alimentación de la población en situación de pobreza y pobreza extrema.
Otro punto clave, y que ha estado en el debate alrededor de los subsidios, son los sistemas de focalización para que dichos recursos, sean monetarios o en especie, realmente lleguen a la población que los necesita.
En ese sentido, se creará el Registro Universal de Ingresos (RUI), para determinar la focalización. Para su consolidación el DPS, quien lo administrará, dispondrá de los datos recopilados para el Registro Social de Hogares (RSH) y la autodeclaración de información de ingresos y socioeconómica de personas y hogares.
Con ese fin, la Dian, luego de un convenio que garantice la reserva de datos, compartirá al DPS la información de las declaraciones tributarias, aduaneras y cambiarias, información exógena y la información del sistema de factura electrónica.
Allí queda abierta, entonces, la pregunta de qué sucederá con el Sisbén IV como instrumento de focalización, pues en el documento no se establece si este será clave para el nuevo sistema de transferencias o se reemplazará por el RUI. También queda abierto si se buscará la declaración de renta universal, para tener datos consolidados de toda la población.
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