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Lo que ocurre en estas poblaciones es que personas con tradición minera no alcanzan a cumplir con los estándares de minería formal, sin embargo, las otras alternativas de reconversión no son atractivas para los trabajadores.
La Cartera propone tres puertas: uno, que inicien el proceso de formalización, dos, que realicen una reconversión laboral, o finalmente, a los que no estén dispuestos, se les aplicará medidas de control.
Lo difícil según el estudio del Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (Creer), es que a pesar de que la política pública ha avanzado, realizando una diferenciación entre tipos de minería, “son necesarias acciones para facilitar de manera sostenible la formalización laboral y la seguridad social”. Esto ya que según el informe, si los mineros tienen que cambiar de actividad los beneficios económicos no logran incentivar la conversión.
Según el Creer, el beneficio mensual esperado por ejercer la agricultura legal es solo de $265.000; realizar minería legal de oro genera $616.000 pero requiere fuertes inversiones; por su parte, los cultivos de coca generan $425.000, y finalmente, la minería criminal genera $678.000. Por lo que sigue siendo más rentable para las personas ser ilegales.
Además, según el trabajo de campo del Creer, hay mineros en el centro del país que llevan hasta ocho años “invirtiendo dinero para nada, no dan respuesta (…) Mientras tanto hacen operativos y cierran minas (…)”, explica el documento dirigido por Luis Fernando de Angulo.
Siendo así, la recomendación es que se realicen medidas graduales para la formalización, que estén acordes con la explotación, es decir, con el mineral y el tipo y tamaño de minería. A su vez, que en el mediano plazo se incremente la presencia del Estado y el ejercito en las zonas y en el largo plazo se aumente el ingreso de las alternativas legales.
Para los expertos hasta que esto no ocurra, la minería ilegal, que cubre a la criminal, seguirá presente en más de 300 municipios del país. Cifra que entregó el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, quien de igual manera explicó que a pesar de los problemas no puede haber otra opción que la formalización.
“El cumplimiento de las normas para garantizar una actividad legal y bajo el cumplimiento irrestricto de estándares nacionales e internacionales no puede dar espera en el país. La legalidad en el desarrollo de actividades en el territorio es imperioso para proteger la vida de los mineros, el medio ambiente y generar desarrollo en las regiones”, señaló Ángel, que de igual forma rechazó las vías de hecho de los mineros informarles de Segovia y Remedios.
Finalmente, y viendo que no se avanza en la pelea contra la criminalidad, por esta falta de diferenciación, y porque la Ley Minera que prometió hace un año el Gobierno no se ha dado, el senador Juan Diego Gómez, radicó un proyecto de Ley que busca incrementar la presencia del Estado y las multas y penas por realizar extracción ilegal de minerales.
La opinión
Santiago Ángel Urdinola
Presidente Asociación Colombiana de Minería
“La ilegalidad no puede seguir siendo una forma de sustento. En el país tenemos cerca de 300 municipios con extracción ilícita”.
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