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Gustavo Petro, presidente de Colombia
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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presentado esta campaña como un esfuerzo para detener el flujo de drogas
El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía General de la Nación abrir de manera inmediata una investigación sobre las versiones que apuntan a que entre los fallecidos en el segundo bombardeo a una lancha en el Caribe, realizado por Estados Unidos el pasado 15 de septiembre, podría encontrarse un ciudadano colombiano.
El mandatario también solicitó brindar protección urgente a los familiares de la posible víctima y propuso que, si así lo desean, sean vinculados al grupo de víctimas de Trinidad y Tobago para emprender acciones judiciales tanto a nivel internacional como ante la justicia estadounidense.
El presidente Gustavo Petro confirmó que Colombia ya recibió al connacional detenido tras el ataque de Estados Unidos a un narcosubmarino en el Caribe. “Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”, dijo el mandatario.
El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un reciente ataque apuntó a un submarino que transportaba drogas, como parte de una campaña intensificada contra el narcotráfico en el Caribe y frente a Venezuela.
De acuerdo con Reuters, Trump y el secretario de Estado Marco Rubio declinaron confirmar un informe de la agencia según el cual el ataque dejó dos supervivientes que se encontraban bajo custodia estadounidense.
Por su parte, el presidente estadounidense ha presentado esta campaña como un esfuerzo para detener el flujo de drogas, y ha advertido a Nicolás Maduro que deje de enviar narcóticos y criminales desde su país a Estados Unidos. Esta campaña ha aumentado las tensiones con Venezuela y provocado objeciones de algunos otros gobiernos latinoamericanos.
Reuters indicó que expertos legales y algunos miembros del Congreso de Estados Unidos han criticado los ataques, argumentando que Estados Unidos no había estado bajo una amenaza inmediata y cuestionando la legalidad de las operaciones porque las personas en los barcos no son combatientes militares y Estados Unidos y Venezuela no están en guerra.
El Gobierno de Trump ha dicho que los ataques anteriores dejaron 27 muertos, lo que ha despertado las alarmas entre algunos expertos legales y parlamentarios demócratas, que cuestionan si se adhieren a las leyes de la guerra.
Los ataques se producen en el contexto de un refuerzo militar de Estados Unidos en el Caribe que incluye destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6.500 soldados, mientras Trump intensifica un enfrentamiento con el Gobierno venezolano.
El miércoles, Trump reveló que había autorizado a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela, lo que se suma a las especulaciones en Caracas de que Estados Unidos está tratando de derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Maduro ha negado cualquier conexión con el contrabando de drogas y ha denunciado los ataques de barcos estadounidenses como un pretexto para un cambio de régimen, retratándolos como violaciones de la soberanía y el derecho internacional.
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