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Gustavo Petro, presidente de la República
También manifestó que lo que ha habido hasta el momento es un traspaso de recursos públicos hacia personas de altos ingresos
El presidente Gustavo Petro volvió a insistir en que deben gravarse los dividendos, las herencias y las remesas al exterior. El mandatario expresó que se propuso una reforma ante el Congreso, pero que este no tuvo la voluntad política “para afectar las grandes rentas”.
Sin embargo, aseguró que “sí se fue sobre las empresas del país”, y también en contra de la propuesta de reducir el impuesto de renta en el proyecto de ley de financiamiento.
También manifestó que lo que ha habido hasta el momento es un traspaso de recursos públicos hacia personas de altos ingresos, a través de la privatización de carreteras, subsidios a los combustibles fósiles, altas pensiones, subsidios a universidades privadas y al sistema de salud. El presidente Petro señaló que ahí es donde el Gobierno hizo mayor énfasis.
Frente al sistema pensional, dijo que este es insostenible y que recarga los ingresos corrientes con el pago de pensiones. Para corregir dichas “anomalías”, explicó que se adelantó una reforma mediante la cual se pagarán las cotizaciones actuales realizadas por empresas y trabajadores, y el Estado se encargará de cubrir a quienes no estén pensionados y que ya tengan la edad para hacerlo.
Respecto a las altas tasas de crédito público, Petro indicó que estas están determinadas por el Banco de la República, y afirmó que la deuda crece por el exagerado sobreendeudamiento del anterior gobierno, encabezado por Iván Duque. Luego, agregó que su Gobierno está sufriendo las consecuencias de esas políticas y de la dinámica de las tasas de interés.
El Gobierno comenzó el año con un presupuesto desfinanciado por $523 billones al que ya ha tenido que aplazarle $12 billones. El Ministerio de Hacienda aseguró que trabaja en otros mecanismos para tratar de tapar el hueco fiscal, uno de ellos es la ley de financiamiento.
A principios de año, el director de Presupuesto, Jairo Bautista aseguró que iban a radicar una reforma tributaria, pasado el primer trimestre del año tanto el ministro de Hacienda Germán Ávila como el director encargado de la Dian, Luis Llinás, secundaron la idea, aun así siguen sin presentarla ante el Congreso y por ello abogados y congresistas aseguran que ya el Gobierno Petro no tiene chance para radicar la ley que ayude a financiar el presupuesto.
Andrés Felipe Velásquez, socio de Velásquez Osorio Abogados resaltó que la legislatura actual culmina el 20 de junio por lo que un proyecto como este debería presentarse antes de la fecha, pero resaltó que si esta ley viene con algunos artículos que atañen tema de impuestos ya quedará para el presupuesto general del año entrante.
Además, destacó que el artículo 338 de la Constitución establece que las modificaciones a impuestos de periodo entran a regir a partir del próximo año. Por lo que insistió que, si en este año se expide una ley de financiamiento o reforma tributaria, el recaudo se vería en 2026.
“La ley de financiamiento está estructurada para ser discutida paralelamente con la ley de presupuesto. Es de advertir que el presupuesto de 2025 fue expedido por decreto porque el Legislativo no aprobó el presupuesto porque lo encontró desfinanciado y no vio prudente el proyecto de ley de financiamiento que se archivó en diciembre de 2024”, recordó.
Milton César Jiménez, profesor e investigador del derecho público de la Universidad de Caldas señaló que el Gobierno debe planear qué hará con el manejo de la hacienda pública al no tener una ley de financiamiento, señaló que esto debe discutirse en dos periodos legislativos, por lo que para este año ya no alcanzaría a presentarse el proyecto, es decir que la reforma que radique será para el presupuesto de 2026.
“El Gobierno debe presentar un marco temporal para radicar otro proyecto, pero antes debe dedicarse a dialogar con las fuerzas económicas y políticas para que sea un proceso y un proyecto deliberativo, un consenso que permita que se logren financiar las principales actividades del gobierno y desde luego las disposiciones constitucionales”, aclaró.
Esta teoría concuerda con lo dicho por el representante a la Cámara, Oscar Darío Pérez, quien aseguró que es imposible que se presente este proyecto para financiar el PGN 2025 porque los tiempos no dan.
Asimismo, desde la CRA indicaron que el modelo financiero presenta inconsistencias y errores, lo que no haría posible su validación
Agregaron que esta decisión podría llegar a costarle más de $3,6 billones al sector productivo, aumentando también carga prestacional de las empresas
Conviandina ha reportado más de 200 puntos con afectaciones a lo largo del trayecto, de los cuales 60 han sido clasificados de alto impacto