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El senador boyacense, Rigoberto Barón Neira, fue quien hizo la denuncia reconociendo la preocupación por el cierre del parque natural que en estos momentos está afectando el comercio por la falta de turistas.
De acuerdo con el congresista, hay más de diecisiete municipios que afrontan una crisis económica ya que se han dejado de percibir más $12.000 millones en ingresos y se han perdido más de 300 jornales diarios, en el área de turismo, que es una “base de la economía para los campesinos que habitan estas provincias”, afirmó Barón Neira.
Además, el senador Barón agregó que es importante declarar el estado de emergencia económica, para efectuar planes de alivio de tipo económico y financiero, entre ellos “la condonación de deudas, para los operadores turísticos, guías, transportadores, el sector agropecuario y comercio en general”.
Hasta el momento lo que se conoce de la situación del Parque es que se han instalado diferentes mesas de negociación entre las autoridades y la comunidad indígena, sin embargo, a pesar de diferentes reuniones no se han levantado los bloqueos y las amenazas.
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Según el Decreto 1415 del 17 de septiembre, la cifra corresponde a la información consolidada por la cartera sobre los daños registrados en los establecimientos de salud
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