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El ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, declaró a medios locales que las medidas impuestas por Colombia "afectan enormemente el intercambio comercial entre los dos países".
El funcionario, nombrado en el cargo en diciembre pasado, aseguró que, en su gestión, cualquier proceso que afecte el intercambio comercial de Panamá lo llevará hasta las últimas instancias.
Cuando se conoció la decisión de la OMC, en noviembre del año pasado, la ministra de Comercio Exterior, Cecilia Álvarez-Correa, anunció que Colombia apelaría la decisión. En su momento, la funcionaria precisó que esto se hacía porque consideran que hay inconsistencias jurídicas y lógicas en la decisión del Grupo Especial de la OMC.
La funcionaria especificó que este arancel se impuso para combatir el contrabando y el lavado de activos que se da por medio de operaciones de comercio ilícito.
Panamá argumentó que el arancel era incompatible con el Acuerdo General de Arancel Aduanero y Comercio. Sin embargo, Colombia ha dicho que el comercio ilícito no está cubierto dentro de las obligaciones de este acuerdo.
"La medida era necesaria para proteger la moral pública y un mecanismo de lucha contra el lavado de activos, aspecto de la más alta relevancia en el marco de su política de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", explicó en ese momento el Ministerio de Comercio Exterior en un comunicado de prensa.
Según esta información, si bien la OMC reconoció que se pueden adoptar medidas para luchar contra el lavado de activos, en la medida de Colombia encontró inconsistencias.
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