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Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud
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Habría incumplido órdenes de la Corte Constitucional de la Sentencia T-760 de 2008, sobre la suficiencia financiera de UPC
Pacientes Colombia, que agrupa a 200 asociaciones de pacientes, presentaron una denuncia formal en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial y otros delitos que puedan derivarse del proceso.
La denuncia sostiene que el ministro habría incumplido de forma consciente, reiterada y material varias órdenes de la Corte Constitucional en el seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de cumplimiento, esto en relación con la suficiencia financiera de la UPC.
"Estas omisiones y decisiones administrativas han puesto en riesgo la estabilidad del sistema de salud y la efectiva garantía del derecho fundamental a la salud de millones de usuarios", señalaron.
Los firmantes señalaron que pese a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional, el ministro habría incurrido en actos como no expedir un acto administrativo que unifique los presupuestos máximos para toda la vigencia anual, realizar pagos tardíos e insuficientes y establecer el valor de la UPC basándose en la inflación en lugar de en estudios técnicos completos.
“Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país, consideramos que la conducta del ministro constituye un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales vinculantes mediante actos aparentes de cumplimiento, que además son ineficaces”, expresó Denis Silva, vocero de Paciente Colombia.
También buscan que se decreten medidas cautelares urgentes, incluida la protección de denunciantes y testigos ante eventuales represalias, así como la evaluación de la suspensión temporal de las funciones del ministro Jaramillo relacionadas con la definición de la UPC y el giro de recursos mientras avanzan las investigaciones.
Advirtieron que las mesas técnicas ordenadas por la Corte para revisar la suficiencia de la UPC se habrían utilizado "como un mecanismo meramente formal, sin deliberación real, con restricciones de acceso a la información, exclusión de actores clave y decisiones ya predeterminadas por el Ministerio de Salud".
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