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“Necesitamos tener multas más importantes”: Carmen Ligia Valderrama, Supertransporte

miércoles, 12 de junio de 2019

El año pasado, el presidente Iván Duque firmó un decreto que transformó a la Superintendencia de Transporte, dándole fortalezas para supervisar el sector

Sebastián Montes

La Superintendencia de Transporte está en medio de un proceso de transformación tras un decreto emitido a finales del año pasado, y funciones nuevas que trajo el Plan Nacional de Desarrollo. Pese a que ahora hace más énfasis en las labores de prevención, no olvida su capacidad de sancionar. La superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, resaltó la necesidad de tener “multas más importantes” dentro del sector, e incluso mencionó la posibilidad de multar según los ingresos y las utilidades, dado que existen casos donde los montos tienden a ser muy bajos.

En el Gobierno anterior se decía desde las Superintendencias que las multas deberían ser más altas para las empresas, ¿está de acuerdo?

Las multas deben responder a una conducta que genera fallas en el mercado, y si no logran impactar al que se está sancionando, entonces no sirven para nada. Hay que tener multas importantes, de lo contrario, las empresas pueden costear la multa como parte de sus costos, y eso no tiene sentido. El Estado debe enviar mensaje de contundencia para que la conducta no se repita, y por eso la razón de ser de las Superintendencias no debe ser dedicarse a sancionar. Se deben tener los dos frentes fortalecidos: el de prevención, divulgación y promoción, y el otro que hay que generar una investigación y dado el caso una sanción.

¿Multar con base en los ingresos o en las utilidades?

Es una posibilidad, sí. De hecho, en este sector hay multas realmente bajas.

Se anunció que iba a haber una revisión a las multas que ha impuesto la entidad, ¿a qué se debe?

Ese tema ha sido relevante en todo el sector de transporte terrestre. Cuando llegamos a la entidad, encontramos que el régimen sancionatorio que se venía aplicando fue declarado nulo en 2016, y por una interpretación se seguía aplicando.

La Ministra consulta al Consejo de Estado y ratifica que el régimen está nulo, y lo que ya iniciamos es la revisión de cada uno de los procesos sancionatorios desde 2016 para saber si habrá que revocarlos o archivarlos, o continuar.

Debíamos adoptar la decisión jurídica de revisar los más de 60.000 casos, uno a uno. En dinero, hablamos de aproximadamente $175.000 millones de los cuales no todos habían generado sanciones, pues algunos estaban en fase preliminar y otros en investigación, entonces es un cálculo que se hace al agruparlos todos. El monto que ya había sido cancelado por los particulares con multas era de $20.000 millones.

LOS CONTRASTES

  • Juan Carlos RodríguezPresidente de Colfecar

    “El punto no es tanto incrementar las multas, sino generar condiciones preventivas y que se hable de indicadores de gestión empresarial al tratarse de servicios públicos”.

¿Cuáles son los sectores en donde se presentan más irregularidades?

Por términos absolutos, hay más en tránsito y transporte. Ahí hablamos de pasajeros intermunicipales, transporte por cable, que antes no se estaba supervisando, y transporte de carga, entre otros. En cuanto a cantidades financieras, habría más en concesiones.

El año pasado, el Presidente firmó un decreto que transformó la Supertransporte, ¿cómo va su aplicación?

Parte de lo que se detectó en el sector es que no había una Superintendencia fortalecida para supervisar el sector. Aquí hablamos de puertos, área marítima fluvial, concesiones, infraestructura, tránsito y transporte en pasajeros intermunicipales, turismo, carga, escolar, etc... En ese orden de ideas, eran muchos los frentes que había que supervisar y la entidad tenía muchas debilidades de orden administrativo y jurídico.

Con la decisión de reformar la Superintendencia damos el primer gran paso al fortalecer facultades de prevención, que no existían, y eso fue en todas las áreas, así como facultades de inspección y control, y un área muy importante para proteger a los usuarios del sector. Siempre se veía del lado de los transportadores, pero no se observaba la otra cara, que son los usuarios. Esto sumado a la tecnología, pues debemos estar fortalecidos hacia adentro y afuera en ese aspecto.

El Plan Nacional de Desarrollo también le otorgó a la entidad nuevas funciones, ¿cuáles son?

Siendo coherente con lo que se venía haciendo desde diciembre para proteger a todos los usuarios, estaba pendiente el sector de transporte aéreo. En el PND, se otorgan facultades expresas para que sea la autoridad que otorga soluciones a transporte aéreo.

¿Los usuarios de transporte aéreo ya remiten quejas a la Supertransporte?

Desde el 25 de mayo que se sanciona el PND, estamos recepcionando directamente todas las peticiones, quejas, reclamos e incluso consultas de los usuarios.

Adicionalmente, tenemos alternativa de las casas de consumidor donde tenemos presencia regional. Como esto tiene un periodo de transición, en los aeropuertos hay funcionarios de la Aerocivil que reciben esas peticiones y nos las envían directamente.

El sector se ha visto afectado por empresas que tienen aplicaciones que son consideradas ilegales como Uber y Picap, entre otras, ¿qué medidas está evaluando la entidad contra estas compañías?

Esa pregunta me permite decir que estamos evaluando el punto, pero justamente no me puedo pronunciar porque estamos desarrollando el proceso correspondiente.

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