“Multinacionales quieren acabar con el Fepa”: Londoño

La intervención del Estado en el sector agrario ha sido fundamental para la seguridad alimentaría de todas las naciones; en países desarrollados, los gobiernos establecen mecanismos e incentivos a la producción agropecuaria, sumado a ello, estos tienen una gran capacidad económica, infraestructura y otros aspectos que colocan en desventaja a países en vía de desarrollo.

Sin embargo, Colombia cuenta con políticas públicas agrarias, una de ellas es el Fepa (Fondo de Estabilización de los Precios de Azúcar) creado por el gobierno atendiendo a los artículos 333 y 334 de la Constitución para estabilizar al sector. Cabe aclarar, que este fondo no coloca el precio. Funciona sacando un ponderado de los precios de venta de ingenios y es fijado por la oferta y demanda que existan.

El presidente de Asocaña, gremio que agrupa a los ingenios, Luis Fernando Londoño Capurro aseguró que se ha tratado de tergiversar las funciones del Fepa.

Dijo que hay multinacionales que pretenden acabar con este instrumento de política pública, con el fin de comprar el azúcar prácticamente regalada.

La investigación que inició desde el año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se basa en que presuntamente con el apoyo de Asocaña, los ingenios se hubieran puesto de acuerdo para disminuir la rivalidad entre ellos, bloqueando las importaciones de productores extranjeros, con el fin de aumentar el precio en el país.

Londoño Capurro dijo que las políticas públicas agrarias no deben desaparecer y que el difícil momento que atraviesa el sector, es por las instrucciones de las multinacionales desde sus casas matrices. Sostuvo que en una reunión de azúcar en Inglaterra tuvo un dialogo con el Vicepresidente de Suministro de Coca-Cola “Yo le pregunte, que ¿por qué eran tan agresivos con los proveedores?, a lo que respondió que había una directriz de la casa matriz de Coca-cola, en el caso de América Latina, de que se debe de hacer todo lo que esté al alcance para comprar al menor precio posible el azúcar”.

Concluyó que estas grandes industrias buscan todos los medios, todas las formas de lucha y en este caso, han utilizado una entidad del Estado para ver si logran su propósito.

Si la SIC llegase a comprobar que se cometió la práctica comercial restrictiva, los implicados podrían pagar la mayor multa colombiana, equivalente a 60.000 millones de pesos o al 150 % de la utilidad obtenida en virtud de conducta ilegal.