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Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud
El jefe de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió que una gran parte de los impuestos se destinarían a las gestoras si prevalece la contraparte de la reforma a la salud
El ministerio de Salud se pronunció sobre la ponencia alternativa a la reforma a la salud presentada por la senadora Norma Hurtado ante la Comisión Séptima, y desglosó los que a su juicio, son aspectos negativos que trae consigo este texto que pretende competir con el aprobado en Cámara. Entre ellos, que $60 billones de los impuestos se “regalarían” a las EPS en los siguientes cinco años.
Mediante un comunicado en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, jefe de la cartera, fue enfático y crítico sobre las competencias que tendrían las EPS con la alternativa a la reforma a la salud, y destacó las razones por las que en su proyecto de ley buscan minimizarlas y así maximizar los resucrsos del sector.
Destacó que pretenden mantener la intermediación financiera y el manejo discrecional de los recursos de la salud del pueblo colombiano por parte de las EPS: pese a que los informes oficiales recientes han demostrado la creciente insolvencia financiera de estas entidades, la ineficiencia en la gestión del gasto y la enorme deuda con los hospitales, clínicas y proveedores.
Sonre los $60 billones, Jaramillo detalló que es un monto que recaudarían en los próximos cinco años a través de impuestos saludables, el IVA social y un punto del PIB.
“Esto significaría perpetuar un modelo de intermediación que concentra y devora los recursos sin controles efectivos, acelerando el colapso del sistema de salud y dejando en segundo plano la atención oportuna, la prevención y la vida de los colombianos”, denunció.
Pero además aseguró que a parte de eso, la ponencia de Hurtado, obligaría al Estado a “responder por cualquier exceso en el gasto que tengan las EPS por UPC o por presupuestos máximos, que la Adres debe registrar sin auditar en sus pasivos y al Ministerio de Hacienda a responder en un plazo máximo de 30 días calendario”.
Con esto se inició la fase de discusión legislativa del proyecto de ley de competencias, la cual, en caso de ser aprobada en 2026, entraría en vigencia en 2027
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