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Cerca de $546,9 billones fue el monto total del Presupuesto de 2026, que está vez fue aprobado en el Congreso de la República.
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Falta de quórum y de definición del monto antes del 15 de septiembre, además de la incompatibilidad con el marco fiscal son algunos puntos que destacan analistas
El Presupuesto General de la Nación de 2026 quedó aprobado en segundo debate en el Congreso y su monto se ubicó en $546,9 billones. Sin embargo, varios analistas manifestaron que pudieron haberse registrado vicios de trámite que servirían como argumento para que la ley fuese demandada y la Corte Constitucional tomara una determinación al respecto.
Germán Machado, economista y profesor de la Universidad de los Andes, manifestó que existen varios vicios de trámite. Según lo dijo, en las comisiones económicas no hubo una decisión sobre el monto antes de la fecha que estipula el Estatuto Orgánico del Presupuesto (15 de septiembre).
A lo que añadió que la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes rompió el quórum, lo que hizo imposible avanzar en la discusión. Lo anterior ocurrió cuando se discutía el proyecto en el primer debate.
El rompimiento del quórum refleja para Machado otra violación al Estatuto, porque el monto se definió en debates posteriores (24 de septiembre y 16 de octubre), pero no antes del 15 de septiembre, como lo ordena dicha normativa.
A lo anterior añadió que, en el mismo estatuto, se ordena que si hay un déficit fiscal en el año, el Presupuesto debe incluir cuáles serían los mecanismos para respaldar la medida. Pero enfatizó que esto no sucede con el plan fiscal para 2026. El plan tampoco estaría acorde con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, agregó el economista.
“Para acabar de completar, en segundo debate, en la plenaria de Senado se pudo haber dado un nuevo vicio al acoger sin suficiente debate y deliberación el texto aprobado por la Cámara de Representantes. Ese es exactamente uno de los vicios que se cometió en el trámite de la reforma pensional y que hizo intervenir a la Corte Constitucional”, señaló luego.
Ángel Custodio Cabrera, exministro de Trabajo, manifestó que, pese a que la reforma pensional está en la Corte Constitucional por posibles vicios de trámite, con el Presupuesto sucede algo diferente. Señaló que, en este caso, el Legislativo tiene un margen de acción más limitado, ya que, cualquier cambio que altere el monto o el sentido del gasto requiere del aval del poder ejecutivo.
“Contrario a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, el Presupuesto 2026 no es compatible con lo estipulado en Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025”.
“Estaba claro que había una ponencia y esta venía de las comisiones. En el segundo debate, la propuesta fue votada por la mayoría; eso significa que sí hubo debate”.
“Aun si se presentan demandas, la Corte podría restringir su análisis a aspectos formales comprobables en las actas, y no entrar a revisar el contenido del presupuesto. El análisis será más acotado que el de la pensional, pues el Presupuesto es una ley de ejecución, no de política estructural”, adicionó.
Para el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no hubo ningún vicio de trámite en la ley, sino que esta pasó por su proceso normal, como cualquier ley de Presupuesto.
“Estaba claro que había una ponencia, y esta provenía de las comisiones económicas. En el segundo debate, la propuesta fue votada por la mayoría de los congresistas. Eso significa que sí hubo debate”, determinó.
Adicionó que, en cerca de un mes, el plan estaría listo para sanción presidencial. Bonilla recalcó que es probable que se presenten demandas con el argumento de que no hubo debate, lo que según él, no es cierto, sino que lo que se está intentando es “obstruir los planes del Gobierno en el Congreso”.
El exministro Cabrera expresó que el plan sí terminará en la Corte Constitucional porque recibirá demandas de congresistas.
“Es probable que la Corte intervenga, dado que algunos congresistas ya han alertado sobre los riesgos y han anunciado demandas al Presupuesto de 2026. Sin embargo, lo más probable es que no tenga ningún efecto porque, considerando los tiempos que se está tomando la Corte para tomar decisiones importantes, podría decidir sobre el presupuesto de 2026 cuando ya se haya acabado la vigencia fiscal”, concluyó Machado.
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