Los transportadores denunciaron pérdidas por $13.000 millones por el paro armado

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) asegura que los transportadores han reportado pérdidas superiores a $13.00o millones a causa del paro armado, cuyo epicentro han sido los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y Atlántico.

Colfecar aseguró que "rechaza enfáticamente" los atentados contra 32 vehículos que fueron incinerados. Tanto camiones como tracto mulas fueron afectados en las vías principales y secundarias de estos departamentos en Colombia.

Nidia Hernández Jiménez, presidente de Colfecar, aseguró que los atentados causaron las millonarias pérdidas reportadas por los transportadores: más de $13.000 millones corresponden a los automotores quemados, pero no al valor de la carga.

“Confiamos en que aparte del cubrimiento de la póliza de terrorismo que deben tener nuestros transportadores también se refuercen las acciones de acompañamiento del ejército y la policía en las caravanas que se han programado para garantizar la movilidad por las diferentes carreteras del país”, dijo Hernández Jiménez.

La presidente del gremio también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se vincule a los transportadores a las caravanas para garantizar su seguridad y la protección de los vehículos.

Asimismo, lamentó la muerte del conductor Giovanni Grandas Torres, quien fue asesinado por la vía Bosconia. También reportan conductores y población civil gravemente herida. Hernández hizo un llamado al ministro de Defensa, Diego Molano, para que adopte medidas que garanticen la vida y protección de los transportistas.

Por otro lado, la Andi rechazó también el paro armado que vive el país y aseguró que debe ser entendido como una agresión delincuencial que atenta contra los derechos y bienestar de la población civil.

“La intimidación, las amenazas y los ataques a la población civil son totalmente inaceptables. Las personas necesitan poder movilizarse con tranquilidad para conseguir su sustento. Este tipo de acciones afecta directamente el derecho de trabajar, y eso tiene consecuencias para las familias”, dijo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.