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Según el mandatario, ese mes de la emergencia dejó en firme varios Decretos para el apoyo a los damnificados, para la reactivación económica y la inversión, y para ayudar en diferentes áreas a quienes se vieron afectados por la avalancha.
En el inventario de Decretos se encuentra el de “Subsidio del 100 % por seis meses de la factura de energía a los usuarios de estratos 1, 2, y 3 y lo mismo para los de gas natural de estratos 1 y 2. No pagarán nada”.
Otro para definir la situación militar de los jóvenes mocoanos durante un plazo de seis meses, más la entrega del duplicado de la tarjeta de reservista de manera gratuita.
También se permite por medio de otro Decreto, que “Las organizaciones de economía solidaria con asociados damnificados, por una sola vez y hasta el 31 de julio de 2017, están facultadas para trasladar el 50 % del saldo del Fondo de Educación, existente al 05 de mayo de 2017, al Fondo de Solidaridad”.
Se dejó la tarifa para la matrícula mercantil en ceros y se puso el no pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo hasta diciembre de 2018.
“No pago del IVA hasta el 31 de diciembre de 2017 en alimentos, calzado, vestido, materiales de construcción, electrodomésticos, gasodomésticos ni para los bienes adquiridos por las Fuerzas Militares para la reconstrucción. Suspensión de la retención en la fuente a empresas durante 2017 y 2018. Y la tarifa del impuesto de la renta para personas jurídicas en 2018 será de 0 %”.
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Y se hicieron varios traslados de recursos presupuestales para atender la emergencia: “$15 mil millones para el nuevo acueducto; $5.000 millones para alivio a los comerciantes; $6.000 millones para la nueva plaza de mercado”.
“No está bien robarle a una organización benéfica, esa es mi opinión”, dijo Musk a los miembros del jurado al comienzo del juicio en un tribunal federal en Oakland, California
La petición fue presentada ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta, en el marco de un proceso de reorganización financiera que la firma inició a finales de 2025
Según el gremio, la propuesta impediría que alimentos con sellos de advertencia informen sobre atributos positivos, lo que consideran una restricción al acceso a información completa