Los cinco puntos que no convencen del proyecto de zonas de desarrollo rural

El futuro de la economía familiar, la falta de claridad frente a los baldíos, la estructura de vigilancia de las inversiones, la inclusión de los campesinos y la preferencia por un modelo productivo son los ‘peros’ que a dos semanas de conocerse el proyecto de ley de desarrollo rural económico se han hecho sentir, aún cuando no ha iniciado el debate en el Congreso.

La iniciativa, que enuncia que busca la creación de zonas especiales para el fomento de proyectos que beneficien a los campesinos sin tierra y promuevan la inversión de capital en el agro, no goza de la credibilidad que busca.

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, dijo que la iniciativa está inclinada hacia los empresarios pues ofrece una serie de estímulos, lo que a la larga “permitirá legalizar la concentración de la tierra en manos de los privados”, idea contraria a la política de redistribución de tierra que ha defendido el Estado.

La preocupación del congresista radica en el hecho de que según un estudio de la Universidad de los Andes el índice de desigualdad rural (Gini) en un rango de 0 a 1 (siendo uno la mayor inequidad) llega a 0,88 dado que 77% de la tierra está en manos de 13% de las personas.

Sin embargo, el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde dice que así como hay estímulo para que los campesinos se hagan propietarios, también debe haber para los grandes empresarios a manera de garantía y amparo de su inversión.

Pero ver que en el texto no se había incluido nada referente al enredo jurídico de quienes se hicieron a terrenos baldíos antes de la publicación de la Ley 160 de 1994 fue la primera sorpresa, pues este sigue siendo el punto más álgido de la discusión, no por nada se le conoce como “ley de baldíos”.

Luis Fernando Forero, secretario de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), fue enfático en decir que los empresarios no esperan una aprobación de acciones que la ley describe como irregulares, pero sí le apostaban a que este intento resolviera su incertidumbre. “No le dieron a la ley el alcance que debe tener”.

Al respecto el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, explicó que esta situación se resolverá desde la Junta Directiva del Incoder reglamentando el área de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF).

El proyecto contempla que será el Ministerio de Agricultura quien decida qué proyectos asociativos se ejecutarán, vigilará la concesión de baldíos y, al mismo tiempo, supervisará la actividad “con el fin de garantizar la protección de los derechos de los campesinos”.

Expertos del sector, entre ellos Rudolf Hommes, señalan que la verdadera protección de la actividad campesina se debe hacer a través de un aparato independiente, así como una reglamentación que considere la posición de las asociaciones que representan a los productores.

Con respecto al artículo 10, que impone que los proyectos asociativos “deberán establecer un mecanismo que permita que los campesinos asociados se hagan propietarios de por lo menos el 15% del área del proyecto”, los expertos proponen que incrementar dicha cifra.

Finalmente, el presidente de la SAC, Rafael Mejía, quien ve con buenos ojos la iniciativa que califica como “prometedora”, pidió que no se vuelva un esfuerzo enfocado a una sola zona, sino hacia todo el país, haciendo referencia a los mecanismos de promoción que se anunciaron.

Tanto el Gobierno como los actores del sector productivo esperan que el articulado comience a discutirse la próxima semana en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.

Las opiniones

Rafael Mejía
Presidente de la SAc
“La primera discusión debe ser alrededor de qué tipo de agricultura queremos y quienes van a participar en esa estructura, pero este proyecto no lo tiene en cuenta”.

Jorge Enrique Vélez
Superintendente de Notariado y Registro
“Existen zonas en donde la productividad implica mayores esfuerzos, tanto económicos como de asociatividad, este proyecto le apunta a esas fronteras agrícolas”.