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La decisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya no solo le arrancó un pedazo importante de mar al país, también puso en tela de juicio el papel del cuerpo diplomático colombiano.
La historia por sí sola confirma la responsabilidad de 19 cancilleres y de sus respectivos gobiernos desde 1969, en una disputa cuyo desenlace evidenció la falta de preparación, el exceso de confianza y la fragilidad de la política exterior.
Los expertos coinciden en que el actual equipo jurídico colombiano era fuerte y conocedor del tema, pero esto no fue suficiente. Nicaragua tenía un escuadrón más preparado y consistente. De hecho, tenían al abogado Sir Ian Brownlie, la persona que más casos ha ganado en La Haya.
Este proceso, según el analista político Pedro Medellín, devela una “fragilidad estructural en la política exterior. No tuvimos un equipo lo suficientemente sólido y no reaccionamos adecuadamente cuando salieron los fallos”.
Ayer, la canciller María Ángela Holguín incluso llegó a poner sobre la mesa su renuncia. Aunque el presidente Juan Manuel Santos afirmó que el actual equipo jurídico y los de los otros gobiernos representaron al país “con altura y empeño”, el pecado fue haber confiado en la perfección de un tratado.
Atribuir la culpa al Gobierno actual no es posible, porque el asunto lleva casi más de ocho décadas. Para Eric Tremolada, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado, el error original fue haber confiado en que el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 era perfecto, era el mejor soporte de soberanía de Colombia sobre el Archipélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y de delimitación marítima con el Meridiano 82º.
“El error estuvo en pensar que era un tratado perfecto de atribución de islas y de delimitación de las aguas y en esto último no lo era”, dijo Tremolada.
El Tratado le reconoció a Colombia la soberanía del archipiélago y a Nicaragua la de la Costa Mosquitia y las Islas Mangles. Por petición del país centroamericano se adjuntó una cláusula en el Acta de Encaje que especificaba que el archipiélago no se extendía más allá del Meridiano 82º. Desde entonces, Colombia ejerció soberanía hasta ese límite y por cincuenta años Colombia se sintió blindada.
Si hay que buscar responsables, Holguín pidió que se remonte a 1969, cuando Nicaragua empezó a manifestar su inconformidad.
Once años después, en 1980, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln) de Nicaragua, liderado por el actual presidente Daniel Ortega, aprobó un decreto por el cual se declaraba la nulidad e invalidez del Tratado de 1928.
En 1977, el anterior gobierno nicaragüense había promovido una reunión con el embajador de esa época Julio Londoño Paredes, la cabeza actual del equipo negociador ante La Haya, y el canciller nicaragüense.
Las declaraciones no fueron tomadas en serio por el gobierno colombiano, e incluso el canciller de 1979, Diego Uribe Vargas, afirmó ante medios que se trataba de un “chiste”.
Un error de interpretación del Tratado sería la raíz del problema. ¿Quién consideró que aquel era un documento suficiente de delimitación marina? Algunos expertos señalan a Londoño como el posible responsable e indican que éste fue considerado por Presidentes de la República y Cancilleres como el “único intérprete” del tema.
La primera victoria de Nicaragua, según algunos expertos, fue cuando se le dio competencia a la CIJ para que conociera el caso. Quienes critican esto, afirman que se hubiera podido retirar aquella declaración entre los años 1980 y 2000, cuando desde esa época Nicaragua había dado a conocer sus intensiones.
Para Ricardo Abello, profesor de la Universidad del Rosario, es una crítica infundada, puesto que en su opinión haber acudido a la Corte era lo correcto. Pero Abello cuestiona el proceso entre diciembre de 2001 y de 2007, cuando el Gobierno colombiano decidió retirar esa declaración 24 horas antes de que Nicaragua presentara la demanda. Un plazo que, según la jurisprudencia de la CIJ, no era razonable.
Finalmente, en 2007, la CIJ le dio la soberanía del archipiélago a Colombia y Nicaragua consiguió que ésta continuara con el proceso y se declarara competente para definir la línea de frontera marítima.
En opinión de Medellín, esto es fruto de una visión “andina, provincial, de centro” de los cancilleres y de todos los gobiernos, que no supieron entender la importancia del mar Caribe. “Sin esa consciencia de la riqueza, era imposible defender bien al país”.
“El aire triunfalista del equipo negociador se mantuvo desde 2007. Ellos debieron haber mostrado al país que veníamos perdiendo”, dijo Tremolada. Lo cierto, es que desde ese año era cuestión de saber cuánto se iba a perder. Ya era una pérdida anunciada.
Ahora, el futuro está lleno de incertidumbre y a la espera de la artillería jurídica que presentaría el Presidente Santos.
Habitantes de San Andrés no pagarían IVA: Housini
La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó, en primer debate, un proyecto de que establece que los habitantes de San Andrés no paguen IVA. “La exclusión del pago se aplicará a las ventas dentro del territorio del Archipiélago de los bienes producidos allí, así como las ventas que se hagan en el territorio nacional con destino al Archipiélago”, explicó el Representante del Partido Liberal, Jack Housni, autor de la propuesta. Por su parte, el Representante a la Cámara y miembro de la Comisión Tercera, Simón Gaviria Muñoz, afirmó que “es la primera de varias y buenas noticias económicas que necesitan en estos momentos los habitantes del archipiélago”. Aún le faltan otros tres debates a la propuesta para que entre a funcionar como norma en la isla.
Las opiniones
Eric Tremolada
Profesor de la Universidad del Externado
“El error estuvo en pensar que el Tratado Esguerra-Bárcenas era perfecto en la atribución de islas y en la delimitación de las aguas, y en esto último no lo era”.
Ricardo Abello
Profesor de la Universidad del Rosario
“Los asesores y el cuerpo diplomático mostraron los documentos necesarios para probar la soberanía. Se desvelaron por defender nuestros intereses”.
Pedro Medellín
Analista político
“No tuvimos un equipo lo suficientemente sólido y no reaccionamos adecuadamente cuando salieron los fallos. Esto refleja una fragilidad estructural en política exterior”.
El fallo instó al Ministerio de Hacienda a entregar la garantía financiera para el inicio de las obras. Alcaldía ya recibió cuatro propuestas
El Ministerio de Hacienda sigue insistiendo en un monto presupuestal de $523 billones, junto con una Ley de Financiamiento que espera recaudar $12 billones para 2025
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