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Con esta medida, el Gobierno Nacional espera reducir la contaminación y obtener recursos para mejorar la infraestructura vial
Debido a que la congestión vehicular es uno de los principales responsables de la contaminación, en la reforma tributaria que radicó el Ministerio de Hacienda se incluyó un artículo en el que se establece que las ciudades capitales podrán instalar peajes dentro de su jurisdicción.
Para colocar estos peajes urbanos, ciudades como Bogotá, Medellín o Cali tendrían que pedir una autorización al concejo municipal o distrital sin que el Ministerio de Transporte tuviera que mediar ningún concepto vinculante previo.
El valor de la tarifa sería diferencial, es decir, se fijaría en proporción a las distancias recorridas en la ciudad, las características vehiculares y sus respectivos costos de operación. Por su parte, su valor sería estipulado por la autoridad distrital o municipal competente.
En concreto, según establece el articulado de la reforma, deberían pagar estos peajes todos los usuarios de las vías. Sin embargo, algunos quedarían exentos como: las bicicletas, los bomberos, las ambulancias, los vehículos de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional y los oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entre otros.
Con esta medida, el Gobierno no solo prevé la disminución de la contaminación generada por las emisiones de los vehículos sino que también espera que esta sea una fuente de financiación para mejorar la infraestructura vial.
Después de conocer la propuesta han sido varios los mandatarios que se han pronunciado. Mientras que el alcalde de Cartagena, William Dau, rechazó este tipo de peajes; el de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que estaría de acuerdo en el caso de que efectivamente se utilicen para mejorar las vías, en su caso, construir una vía alterna al mar.
El proyecto establece que, durante los próximos 12 años, este presupuesto tendrá un aumento anual de 1%, hasta que 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación se destine al SGP
La clasificación de The Economist se basa en cinco indicadores macroeconómicos: inflación, amplitud de la inflación (inflation breadth), Producto Interno Bruto (PIB), empleo y desempeño bursátil
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