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Derogan las Appa en Suroeste antioqueño
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La iniciativa que permanecía vigente desde el anterior gobierno recaía sobre 102.801 hectáreas en la región
El Ministerio de Agricultura derogó las llamadas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, Appa, que abarcaban 102.801 hectáreas en 19 municipios del Suroeste antioqueño. Con este acto administrativo, finaliza la política creada durante el gobierno de Gustavo Petro que, tal como lo defendía esa administración, buscaba cuidar las suelos con mayor vocación agrícola.
El anuncio fue realizado por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, durante un evento en Fredonia, Antioquia. Según el comunicado oficial, la decisión se sustenta en una revisión técnica de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Upra, que identificó deficiencias en la precisión cartográfica, exclusión incompleta de áreas protegidas e inconsistencias frente a la realidad productiva del suelo. El Ministerio sostuvo que las restricciones no contaban con los soportes técnicos suficientes y que el proceso presentó vacíos en materia de consulta previa.
Con esta medida, el Gobierno deja sin efecto las limitaciones de uso del suelo sobre 29% del territorio de los municipios involucrados. El ministro señaló que la derogatoria cumple una promesa del presidente Abelardo de la Espriella y adelantó que continuarán con las Appa de Córdoba y Tolima, con el objetivo de que "no quede ninguna APPA en Colombia".
Dangond, quien participó en el XXXVII Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, acompañado por el viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas Tobón, y el director de la Upra, Alberto José Esmeral, resaltó el papel histórico del departamento de Antioquia como ejemplo de esfuerzo, emprendimiento y desarrollo rural.
El 2 de octubre de 2026, el Ministro firmó la primera orden de derogación de las Appa en la plaza principal del municipio de Urumita, departamento de La Guajira, levantando las restricciones de uso del suelo que pesaban sobre aproximadamente 80.000 hectáreas en ocho municipios del sur del departamento.
La controversia de esta política radica en que las Appa fueron creadas mediante el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Petro (Ley 2294 de 2023), con el objetivo de proteger las tierras de alta calidad para la producción de alimentos, pero en la práctica limitaron las facultades de los gobiernos municipales para decidir sobre el uso del suelo.
Los críticos señalaron que la política, mediante resoluciones administrativas, privó a los concejos municipales de sus facultades constitucionales sobre el ordenamiento territorial a través de los POT y generó incertidumbre jurídica que afectó a los sectores de construcción y minería.
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