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Con la reducción de 12% a 4% se beneficiarán 90% de los jubilados.
De acuerdo con las cifras de la Superintendencia Financiera, hasta el 31 de octubre de este año había 1,28 millones de pensionados del régimen de prima media (afiliados a Colpensiones) y 127.231 al de ahorro individual (en empresas como Protección, Colfondos, Porvenir y Old Mutual).
El número aumenta a más de 2,14 millones si se tienen en cuenta a los pensionados del Fopep (Fondo de Pensiones Públicas a Nivel Nacional), entidades territoriales, Fuerzas Militares y Policía Nacional al igual que al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), según cifras del Ministerio de Hacienda al 14 de septiembre de 2017.
En el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, que creó el sistema de seguridad social, quedó establecido que la totalidad del aporte en salud de los pensionados estaría a cargo de ellos. Y en la Ley 1250 de 2008 se definió que el valor de dicho aporte en salud sería de 12%, el cual ha permanecido vigente hasta el momento.
Sin embargo, el proyecto de Ley 170 de 2016, cuyo autor es Alexander López, senador por el Polo Democrático, y cuya aprobación ahora está en manos de la Corte Constitucional, propone una disminución de ocho puntos porcentuales con lo que se pasaría de ese 12% a 4% para quienes tengan una pensión de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, de $2,9 millones.
El mayor porcentaje de pensionados en el país (36,2%) recibe de mesada de hasta un salario mínimo ($737.717). Como está actualmente, el aporte a salud de quien recibe esa suma es de $88.526. Si se tiene en cuenta la propuesta del proyecto de Ley 170 de 2016, el aporte pasaría a ser de $29.508, con lo que habría una disminución de $59.018.
Casi tres de cada 10 jubilados (27,4%) en el país reciben entre $737.718 y dos salarios mínimos ($1.475.434) de pensión. Como están hoy las condiciones, para alguien que gana dos salarios mínimos su aporte para salud es de $177.052. Con la disminución a 4% solo sería de $59.017, con lo que dejaría de pagar $ 118.035.
Quienes tienen una pensión de más de dos salarios mínimos hasta tres ($2.213.151) representan 17% del total. Una persona que tenga, por ejemplo, una mesada de tres salarios mínimos hace un aporte a salud de $265.578. Con la disminución de 4%, su aporte bajaría a $88.526, es decir, tendría una reducción de $177.052 y podría disfrutar de una pensión superior a dos millones ($2.124.625), lo que no pasa con la legislación actual que le deja libres $1.947.573.
Una pensión de hasta cuatro salarios mínimos, es decir, $2.950.868, la reciben solo 10% de los pensionados, es decir, cerca de 197.000 personas. En este caso, el aporte en salud es de $354.104 bajo la legislación vigente y de $118.034 con la propuesta de 4%.
De aprobarse el proyecto de Ley que reduce a 4% el aporte en salud, se beneficiarían alrededor de 90% de los pensionados, puesto que, con base en las cifras de Minhacienda, solo 79.643 personas (3,7%) ganan entre cuatro y cinco salarios mínimos; 43.110 (2%) reciben entre cinco y seis; y solo 89.773 colombianos (4,1%) devengan más de seis sueldos básicos (es decir, más de $4.426.302).
Iván Daniel Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, explicó que, según la ley actual, en las pensiones se reconoce entre 55% y 65% de lo que ganan las personas en forma decreciente, es decir, entre más gane, menos pensión va a tener.
“En un caso donde a una persona le reconocen 55%, está viviendo casi que con la mitad de lo que ganaba. Si a eso se le suma el aporte en salud de 12% (solamente a cargo de la persona) sobre la mesada hasta que muera, es una carga desproporcionada para los pensionados y afecta considerablemente su capacidad adquisitiva en una época de la vida donde obtener recursos se dificulta”, afirmó Jaramillo.
“La disminución del aporte en salud no solo beneficiaría a quienes tienen una pensión por vejez sino a todos los que reciban una pensión”, según explicó a LR el senador López. Esta rebaja a los pensionados podría costarle al Estado más de $2 billones.
Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la norma tiene un costo fiscal de $3,7 billones anualmente, y en los próximos 20 años de unos $100 billones.
Aprobación está en manos de la Corte
Aunque el proyecto de Ley fue aprobado en la plenaria del Senado en junio de este año, el presidente Juan Manuel Santos la objetó, entre otros, porque generaría un gasto adicional que no está contemplado el presupuesto nacional. Sin embargo, con votación unánime, la plenaria de la Cámara negó las objeciones presidenciales y ahora será la Corte Constitucional la que decida si habrá la disminución en el aporte a salud. “La Corte define que la pensión es un derecho fundamental. Hay una protección especial a los pensionados”, destacó Alexander López, autor del proyecto.
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