Las consultas previas, el dolor de cabeza de cinco ministros

A última hora de ayer fue cancelada la reunión entre los ministros de Agricultura, Ambiente, Interior, Minas y Transporte y los miembros de la Corte Constitucional, para discutir sobre el dolor de cabeza en el que se han convertido las consultas previas.

Más de un Ministro se declaró sorprendido por la cancelación del encuentro, debido a que los temas a tratar no dan más espera.

Cada uno de los ministros iba a explicar ante los magistrados la afectación que se ha visto en las iniciativas que se realizan en sus sectores. Proyectos de ley como el nuevo código de minas, la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y la Ley de desarrollo rural se encuentran estancadas por este concepto.

En el código de minas, que se tendría que estar debatiendo en el Congreso a partir de marzo, ha estado frenado ya que la Corte Constitucional obligó a hacer de nuevo una consulta con los afrodescendientes de la zona, ya que los que se consultaron previamente no eran representativos, según mencionó el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo. Hay que mencionar que en el mes de mayo vence la norma actual que rige la minería.

Este será uno de los temas que va a exponer el jefe de la cartera minera, así como también el de los grandes proyectos de explotación que se quieren realizar, como el carbonero de CCX, en el que la empresa, que ya anunció que sigue con sus operaciones en la Nación, ha perdido tiempo valioso mientras logra de concertar con las comunidades vecinas en La Guajira. Otro de los líos recientes del sector minero energético es el de la compañía Emgesa, que adelanta las obras de construcción de la represa de El Quimbo, en Huila, que será entregada a finales de diciembre. Los problemas que se han presentado en la construcción de esta megaobra han estado relacionados con las demoras al tratar de concertar con las comunidades.

Por otra parte, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa Glen, también va a exponer las necesidades que tiene el país para que las concesiones de cuarta generación, que se van a licitar y que tendrán un valor de $40 billones, no se demoren en las concertaciones que sostendrán algunos de los constructores de los ambiciosos proyectos. Adicional a ello, la Ministra buscará que se destrabe el retraso que ha sufrido la constructora Conalvías y los demás miembros del Consorcio para ejecutar el tercer tramo de la Ruta del Sol, donde el tema de concertaciones ha frenado el desarrollo de la obra.

La cartera de Ambiente, liderada por Juan Gabriel Uribe, también expondrá ante los magistrados sus preocupaciones en el tema de consultas previas, la principal: la reforma a las CAR, con la que se dará más autonomía a las corporaciones y que se espera que entre en vigencia antes de finalizar este año. El funcionario estima que este proyecto sea presentado este semestre ante el Congreso.

Por los lados del Ministerio de Agricultura, las comunidades tampoco se han logrado concertar para dar vía libre a la nueva Ley de desarrollo rural, con la que el ministro Juan Camilo Restrepo pretende volver más rentable el sector agrícola en el país. El proyecto se ha puesto en la lupa de las comunidades porque se considera que no hay una representación de cada una de ellas.

Finalmente, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, será el encargado de gestionar todas estas propuestas y unificarlas con el fin de que las comunidades y grupos étnicos ayuden a que los anteriores propuestas se logren desarrollar en menos tiempo del que toman. Según informó el viceministro para la Participación, Aníbal Fernández de Soto, las consultas previas merecen ser revisadas ya que hay varias iniciativas que se quedan tan solo en el desarrollo metodológico.

Para una empresa o entidad pública que aspire a realizar una obra que impacte la economía de alguna comunidad étnica o grupo de afrocolombianos, el valor asciende los $4.000 millones, según afirma el director de la Cámara Colombiana de Minería, César Díaz. Pero esto va mucho más allá, cada persona que participa en uno de estos procesos de consulta previa se gana $110.000 diarios.

Cada proceso vale $4.000 millones
Otro de los inconvenientes para el desarrollo de los proyectos que requiere el país es el valor de cada proceso de consulta previa. Según estima el director de la Cámara Colombiana de Minería, César Díaz, a una empresa o a una entidad estatal le cuesta una cifra cercana a los $4.000 millones cada concertación. Pese al descontento de los empresarios y de los mismos gobernantes, este proceso se debe realizar ya que la Constitución lo dicta de esa forma porque lo considera un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los otros grupos étnicos. El tiempo que se gasta cada consulta previa depende del impacto de la obra, y según la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, se demora entre 4 meses y 4 años.

Las opiniones

César Díaz
Director de la Cámara Colombiana de Minería
“Adelantar un proceso de consulta previa sea para una empresa o para una entidad estatal puede estar costando más o menos unos $4.000 millones”.

Federico Renjifo
Ministro de Minas y Energía
“La Corte Constitucional dijo que se debe hacer una nueva consulta ya que las directivas de los afrodescendientes que consultamos no eran representativas”.

Aníbal Fernández de Soto
Viceministro para la participación
“Varias iniciativas se quedan en el desarrollo de aspectos metodológicos, por eso será indispensable analizar algunos aspectos para que haya un goce efectivo de las consultas previas”.