Las claves detrás de la liquidación judicial de Bioenergy, la filial de Ecopetrol

Con muchas expectativas y tras varios años de planeación, Bioenergy, la destilería de etanol de caña de azúcar que pertenece al Grupo Ecopetrol, arrancó sus operaciones en julio de 2017 en el departamento del Meta, tras una inversión total de US$750 millones.

Sin embargo, y con tres años en el mercado, la empresa decidió entrar en proceso de liquidación judicial, debido, principalmente, a su inminente situación de iliquidez a causa de la disminución de sus ingresos.

El mal momento que atraviesa actualmente el negocio de los biocombustibles, presionado fundamentalmente por las importaciones de etanol pusieron en jaque al sector y Bioenergy fue víctima clave.

Precisamente, según información de la Federación de Biocombustibles de Colombia (Fedebiocombustibles), en lo que va corrido del año se han importado 88 millones de litros de alcohol de maíz provenientes de Estados Unidos, golpeando la agroindustria y poniendo en riesgo, incluso, la producción de azúcar.

Además, sólo en marzo se dio una importación histórica de etanol con 53 millones de litros. A lo que se suma que, de acuerdo con Fedebiocombustibles, este sector, al igual que todos los sectores económicos del país, ha sido duramente golpeado por la crisis económica generada por el covid-19, siendo abril el mes donde más se contrajo la demanda de combustibles y sus mezclas, pues se tuvo una reducción de la demanda de etanol de alrededor de 65% y de biodiésel de alrededor de 50%.

Ante este panorama y debido a otros agravantes, la operación de Bioenergy dejó de ser viable y por ello decidió solicitarle a la Superintendencia de Sociedades la apertura del proceso de liquidación judicial en el marco de la ley de insolvencia empresarial (Ley 1116 de 2006).

“Las importaciones de etanol de los Estados Unidos afectaron a Bioenergy porque no podía vender su etanol ya que se prefería comprar el etanol barato de ese país, afectando severamente a la economía de la empresa. Otra de las causas que agravó la situación fue la productividad de los cultivos. Lamentablemente, lo que debió haber comenzado tres años antes de arrancar la operación de Bionergy no se dio, si bien los cultivos estaban ya listos para producir, no había forma de utilizarlos y esto provocó una disminución de la productividad de una caña que estaba sin uso”, explicó Jorge Bendeck Olivella, presidente de Fedebiocombustibles.

La situación de la empresa era la crónica de una liquidación anunciada, pues en marzo de este año había solicitado el proceso de reorganización de las sociedades Bioenergy S.A.S. y Bioenergy Zona Franca S.A.S. señalando que acudía a esta ley de insolvencia, principalmente, por una menor productividad agrícola a la esperada y una desmejora en las condiciones de mercado que hacían insostenible el nivel de deuda actual que poseían.

Y al cabo de tres meses, la asamblea de la firma se dio cuenta de la insostenible situación, y el 17 de junio pidió a la Supersociedades entrar en la fase de liquidación explicando una serie argumentos financieros que soportaban la decisión de poner fin con tan poco tiempo de operación.

Las claves de la liquidación fueron la inminente iliquidez y como consecuencia de ello la imposibilidad de continuar con la operación, además de la incertidumbre del negocio y los eventuales requerimientos de capital que esta demanda actualmente y en el futuro.

Otros de los factores que pusieron en jaque a la empresa, según el auto de la Supersociedades, fueron la imposibilidad de obtener recursos en el mercado financiero y de reestructurar la deuda en condiciones que pudiera cumplir, pese a la posición de Bancolombia de condonar 40% de la deuda de Bioenergy Zona Franca, además de la insuficiencia de recuperación incluso si el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizara un crédito de tesorería que ya se estaba tramitando. Bioenergy también argumentó que “la condición de precios del mercado de los hidrocarburos no le permite a Ecopetrol continuar otorgando recursos para su operación”.

Según explicó Nicolás Polania, socio del área de Insolvencia y Reestructuración en DLA Piper Martínez Beltrán, a partir de la apertura del proceso se asigna un liquidador, “que va a tener que presentar un inventario de activos que van a ser puestos en venta para que, con lo recogido por las ventas, pueda pagar las deudas de la liquidación y después se cierra el proceso”.

En este caso el agente es el ex ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, quien según la Supersociedades dispondrá de unos activos preliminares por $223.000 millones que eventualmente podrían subir.