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Sus objetivos serían incrementar la competitividad empresarial y mejorar la distribución del ingreso. En últimas buscaría aumentar la recaudación a fin de cubrir un déficit elevado consecuencia de la caída de los precios internacionales de hidrocarburos y carbón.
La reforma es necesaria. La tributación en Colombia es insuficiente. Según la Ocde, en 2014 la tasa de recaudación colombiana fue 20,3% del PIB, la tasa latinoamericana 21,7% y la de los países de la Ocde 34,4%.
Es ineficiente: la tasa nominal de impuesto a la renta que deberían pagar las empresas bajo diversos nombres, cercana a 39%, supera largamente a las internacionales; aunque muchas empresas se benefician de excepciones y prebendas, o no pagan funcionando informalmente. La tributación incluye impuestos anti-técnicos como el 4x1.000 a los movimientos financieros, que debería desaparecer.
Es inequitativa: las personas naturales que poseen más riqueza e ingreso no son las que más contribuyen proporcionalmente a la recaudación. Las rentas de capital contribuyen en forma reducida, los dividendos no contribuyen, y las rentas de trabajo cargan con la mayor tributación.
Además, la normatividad es compleja, facilita la evasión y elusión, y promueve la informalidad.
Pero para alcanzar crecimiento económico, estabilidad de precios y equidad distributiva, el Estado debería proveer bienes públicos como justicia y seguridad, garantizar educación y salud, y construir y mantener la infraestructura que el país requiere. Los impuestos deberían financiarlos. Para eso debería ser la reforma tributaria, y para simplificar la tributación.
Por todo ello, una comisión de profesores de las universidades Externado, Nacional y Javeriana pensamos que la reforma debería basarse en impuestos directos y no en indirectos. Así, la recaudación debería recaer, en forma progresiva, sin excepciones, sobre la renta y la riqueza de las personas naturales, en particular sobre sus ganancias de capital y sus dividendos, con menores tasas sobre las remuneraciones al trabajo, y menores aún sobre las empresas, como en los países desarrollados.
En consecuencia, debería eliminar el actual impuesto de renta de personas naturales y jurídicas y sus complementos y establecer, en sustitución, un impuesto a las utilidades de las empresas y un impuesto a los ingresos netos de las personas naturales, sin exenciones, con tasas competitivas internacionalmente; una estructura con una tasa de 25% para empresas grandes y medianas y de 15 para pymes sería razonable.
Debería establecer un impuesto progresivo al patrimonio superior a cierto nivel, a cargo de las personas naturales, y eliminarlo para las personas jurídicas pues desestimula la inversión. Debería incluir también impuestos a las remesas y, a partir de un nivel mínimo, a tasas similares al impuesto a la renta, impuestos a las herencias y a las ganancias de capital ocasionales, incluidas las de los activos financieros.
Finalmente, debería programar la reducción progresiva de las tasas del IVA, por equidad, porque gran parte ya están exceptuados, y porque pronto será imposible controlar las operaciones virtuales y electrónicas en la economía.
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