Se calcula que la reforma a la educación superior costaría $33 billones en una década

Uno de los proyectos que se tramitará este semestre en el Congreso es la reforma a la Ley 30 de educación superior, y la cartera ya presentó un borrador.

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La reforma a la Ley 30 de educación superior costaría $6,8 billones entre 2024 y 2026

Entre los cambios importantes que quiere hacer el Ministerio está el esquema de transferencias a las Instituciones de Educación Superior (IES) estatales y oficiales, una medida que tendría un costo fiscal de $6,8 billones entre 2024 y 2026, distribuidos así: $1,14 billones en 2024, $2,15 billones en 2025 y $3,46 billones en 2026. Este gasto adicional estaría apalancado en los mayores ingresos por cuenta de la reforma tributaria.

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En un horizonte de mediano plazo, de cerca de una década, los cálculos de la cartera indican que la reforma, específicamente en las transferencias, supondría recursos adicionales por $33 billones.

Se busca hacer modificaciones a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para atender la problemática de financiamiento de las IES.

Para el artículo 86 se plantea que los aportes del Presupuesto General de la Nación asignados a universidades estatales u oficiales se calculen tomando como base el presupuesto asignado a cada universidad el año inmediatamente anterior, ajustándolo como mínimo cada año con en el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), que publica el Dane. Por las modificaciones al artículo 86, el Ministerio de Educación calcula costos por $617.017 millones en 2024, $1,52 billones en 2025 y $2,75 billones en 2026.

Para el artículo 87, por otro lado, lo que se plantea es aumentar los aportes del Gobierno para las universidades nacionales, departamentales y municipales en hasta 50% del incremento real anual del PIB, recordando que actualmente se define ese incremento en hasta 30% real del PIB. Esta medida tendría un costo fiscal de $76.929 millones en 2024, 2025 y 2026.

Sumado a lo anterior, el borrador de la reforma plantea un mecanismo estructural de financiación que está dirigido a las Instituciones de Educación Superior Técnicas, Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas (Ittu).

Se crearía, entonces, un artículo nuevo con el que se incorporarían recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) equivalentes a 0,02% del PIB para el año anterior de la entrada en vigencia de la ley con el fin de construir la base presupuestal de las Ittu. Los recursos aumentarían cada año con el Ices del Dane. El costo fiscal de esta última propuesta sería de $152.144 millones en 2024, $208.499 millones en 2025 y $279.984 millones en 2026.

Para Luz Karime Abadía, codirectora del LEE de la Universidad Javeriana, es clave tener claros los recursos para garantizar el derecho fundamental a la educación superior que se plantea en la reforma.

“Las IES privadas tienen casi la mitad de la matrícula, son la mayoría de las instituciones y ofrecen cerca de 70% de los programas académicos. Al ser un derecho fundamental, ¿la privadas están obligadas a recibir a los estudiantes aunque no cumplan los requisitos de admisión o no tengan los recursos para pagar la matrícula? ¿De donde saldrán los recursos?”.

¿Y las universidades privadas?

En cuanto a las finanzas de las universidades privadas, Luis Felipe Gómez, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, señaló que desde Ascun se le han planteado medidas al Gobierno para darles más recursos a través de la sustitución de varios impuestos que las universidades oficiales no tienen que pagar. “En vez de pagar los impuestos, las universidades ofrecen becas. Y si se articulan estos fondos con el esquema de pago contingente al ingreso futuro de los estudiantes al graduarse, permitiría darle sostenibilidad en el tiempo a este esquema”, señaló.