sábado, 12 de octubre de 2013
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María Alejandra Sanchez Pedraza - msanchez@larepublica.com.co

Por lo menos por siete meses estará afectada la contratación en el país por cuenta de la Ley de Garantías, la cual busca evitar la asignación a dedo de cara a las elecciones del próximo año.

La contratación directa, que representa más de 50% del total nacional, y los convenios interadministrativos, fuente de recursos para los municipios y departamentos, quedarán congelados.

El decreto, cuya función es frenar la discrecionalidad del Estado para evitar prebendas electorales, tiene dos componentes que corresponden a los comicios del próximo año: se restringirán los convenios interadministrativos desde el 9 de noviembre por las votaciones para el Congreso y, además, la contratación directa desde el 25 de enero de 2014 para las presidenciales.

De acuerdo con cifras de Colombia Compra Eficiente, en lo que se lleva del año la contratación directa representa 60,4% del total de las contrataciones del Estado; es decir, que cuando entre en vigencia la restricción la mitad de los procesos quedarán frenados. En 2012 estuvieron en proceso 267.162 contratos por esta modalidad y la cifra para este año va en 294.817, lo que representa un monto de alrededor $3,1 billones.

Y el tema se complica aún más si se tiene en cuenta la asignación de regalías, pues los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI ) representan 10% del total del presupuesto del Sistema General de Regalías y esta asignación específica tiene una condición de contratación directa.

Teniendo en cuenta que de los recursos asignados para este rubro entre 2013 y 2014 ($1,6 billones), solo se aprobaron proyectos hasta diciembre de 2012, de acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República sobre el primer año del Sistema General de Regalías, y hay un rezago acumulado de $483.000 millones y con un potencial para 2013 de $683.000 millones, existe un grave riesgo para la ejecución. Sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) aseguró que la Ley no limita la aprobación de proyectos por parte de los Ocad y en el tema del FCTeI, simplemente los procesos para la contratación demandarán un tiempo mayor.

Para Gilberto Toro, director de la Federación Nacional de Municipios (Fedemunicipios), “la Ley de Garantías es una medida que se ha establecido para lograr mejor transparencia, pero obviamente paraliza la organización nacional y disminuye los porcentajes de ejecución. Es tan grave la cosa que de hecho de los 48 meses que tienen los alcaldes, van a poder gobernar plenamente solo 22, pues hay que tener en cuenta la otra Ley de Garantías que vendrá después para la elección de dignidades locales”.

Convenios interadministrativos
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), entidad encargada de estructurar, gerenciar y ejecutar proyectos con recursos del Estado, reconoció que aunque habrá un menor nivel de nuevos negocios, la coyuntura ya estaba planeada.

Luis Eduardo Laverde, subgerente Financiero de Fonade, dijo que la entidad tiene presupuestados $4 billones para el cuatrienio, de los cuales solo 12% se tiene previsto ejecutar para 2014, el menor monto de todo el tiempo del Gobierno. “Las cifras de nuevos negocios en estos periodos de restricciones pueden llegar a ser cerca de la mitad de lo que es un año tradicional para Fonade”, explicó Laverde y dijo que se concentrarán en rematar los proyectos.

Toro señaló que “cada vez más los alcaldes tienen que presentar proyectos ante el Gobierno para acceder a los recursos a través de convenios interadministrativos, esta Ley se suma a los problemas técnicos para la estructuración de iniciativas, limita la ejecución y paraliza proyectos”.

Contratos relámpago
Otro de los riesgos para esta época es la firma de contratos a última hora. Los expertos coinciden en que esto hace parte de una cultura de dejar todo para última hora y se ve con los cierres fiscales. Sin embargo, lo que pasará en esta ocasión es que ese pico de aprobación se anticipará, aunque no se prevé un aumento mayor por las restricciones.

Laverde puntualizó que “sí hay un mayor nivel de contratos, pero no quiere decir que sean con menor planeación o con más riesgos pues se tiene claridad de la fecha de corte”.

DNP insistió en que todos los contratos deben cumplir las formalidades legales.

Persiste el riesgo electoral: Contraloría
La contralora delegada para la Función Pública, Ligia Barrero, aseguró que pese a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías uno de los mayores riesgos sigue siendo que un contratista que esté interesado en un proyecto entre a ser financiador de la campaña de un alcalde. “Hay unas normas, pero obviamente hay mandatarios que saben cómo burlársela. Las normas nuestras son perfectas, pero hay que hacerlas cumplir y hay dos debilidades principales: hacer seguimiento rápido y efectivo y que la gente sabe saltárselas”, señaló.

Las opiniones

Gilberto Toro
Director de Fedemunicipios

“La Ley se ha establecido para lograr transparencia, pero obviamente paraliza la organización nacional y disminuye la ejecución”.

Luis Eduardo Laverde
Subgerente Financiero de Fonade

“Lo importante es que ha habido una planeación para enfrentar la coyuntura de la Ley. Habrá afectación pero en nuevos negocios”.