Advierten que inversión extranjera directa en minas y canteras ha caído 31% este año

El Boletín Estadístico Minería en Cifras de la Agencia Nacional de Minería y la Unidad de Planeación Minero Energética señaló que la inversión extranjera directa en minas y canteras cayó 31% en el primer trimestre de este año.

Agregaron que esto refleja el menor dinamismo que está viviendo el sector, la dificultad en la ejecución de proyectos y da señales de incertidumbre para los inversionistas.

"Estas cifras reflejan un punto de ajuste para el sector, en el que confluyen factores globales y locales como los cambios en la matriz energética, la evolución de los estándares de sostenibilidad y las nuevas expectativas de gobernanza", señaló Camilo Tovar, Docente del Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado y Consultor Jurídico de Team Consultor.

De igual manera, indicaron que entre 2022 y 2025 se ha presentado una disminución de la demanda nacional de materiales de construcción, la cual ha caído cerca de 18%. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas, esta es una tendencia que limita la actividad constructora y pone en evidencia la necesidad de impulsar la inversión en infraestructura 5G para dinamizar el consumo interno de materiales, mejorar la conectividad y reactivar el sector.

“Más que una alerta, son un recordatorio de la necesidad de fortalecer la planificación, la estabilidad y la confianza para que la minería siga siendo un motor de desarrollo en el país”, dijo Tovar.

Entre los factores que han impactado en el comportamiento del sector se encuentra la ralentización de la ejecución de obras públicas la falta de claridad regulatoria y los desafíos ambientales y sociales en los territorios mineros.

De esta manera es que el Plan Nacional de Desarrollo Minero a 2035 se ha presentado como una hoja de ruta que busca recuperar el crecimiento de la industria y proyectarla hacia una etapa de transformación en el tiempo.

El Plan propone un nuevo enfoque de política pública que busca equilibrar la productividad con la responsabilidad social y ambiental, al tiempo que impulsa la formalización de pequeños y medianos productores, la diversificación de la matriz minera y la generación de valor agregado en los territorios.