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ABC de la ley minera que se radicó en el Congreso
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Se radicó en Congreso la ley minera, también contempla freno a exploración de carbón y a la formalización de la pequeña minería
En medio de la apuesta del gobierno por la transición energética a fuentes renovables, el Ministerio de Minas y Energía radicó ante al Congreso la ley minera, proyecto político con el que le apuestan a la soberanía estatal sobre los minerales, el futuro del carbón y la formalización de la pequeña minería.
El documento consta de 255 artículos, entre los que destacan que la propiedad de los minerales producidos en el país serán de propiedad exclusiva del Estado. También, que ya no se celebrarían nuevos contratos para la exploración y explotación de carbón térmico, así como la apuesta por impulsar la formalización de la minería artesanal y la de pequeña escala.
“Con esta ley recuperamos la soberanía del Estado sobre los minerales, aseguramos transparencia en la contratación y articulamos la minería con el desarrollo productivo nacional. Esta no es una ley para el pasado, es una ley para el futuro”, dijo el ministro, Edwin Palma.
Ante ello, la Asociación Colombiana de Minería expresó su preocupación por la propuesta en tanto que “se establecería un modelo estatizado y centralista de la minería, limitando la libertad de empresa y propiciando un monopolio estatal”, según Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
Sobre la soberanía estatal, el proyecto político contempla que los minerales, sin importar su clase o ubicación en el territorio, serán propiedad del estado incluso si la propiedad, posesión o tenencia de los terrenos donde se encuentran sean de entidades públicas, particulares, comunidades o grupos.
El segundo gran punto de la ley minera se relaciona con el freno a nuevos contratos para la exploración y explotación de carbón térmico.
La medida no afectará a los contratos ya firmados ni las normas a las cuales estarán sujetos los documentos según la legislación vigente en el momento de su suscripción. Sin embargo, Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, apuntó que abandonar nuevos contratos “sería un error en tanto que la demanda se mantendrá al menos hasta 2050 y el país tiene recursos para 80 años”.
Aunque la cartera señaló que se ha venido trabajando en la transición del sector en cuanto a la sustitución, reconversión y diversificación de la actividad productiva, Nariño apuntó que la prohibición a nuevos contratos “no concibió el impacto social, fiscal y energético de la propuesta y agregó que Colombia no tiene una hoja de ruta de transición clara”.
Otro punto se centra en el fomento en la formalización de los trabajadores del sector. El ministerio le apuesta a formalizar la actividad minera artesanal y a la de pequeña escala a través del Registro Único Nacional de Mineros y Mineras Informales.
“No es una ley minera, es anti-minera porque no promueve el crecimiento del sector, sino que lo debilita. Vulnera la libertad de empresa, la iniciativa privada y la libre competencia”.
“No tener posibilidad de nuevos contratos es un error estratégico de la Nación, porque está visto que el mundo seguirá demandando carbones en un volumen importante hasta más allá de 2050”.
Sobre la formalidad en el sector esmeraldero, el presidente de Fedesmeraldas, Óscar Baquero, comentó que la formalización del sector “viene lenta pero viene bien”. Esto por las dificultades de acceso a otros procesos para formalizar a comerciantes y trabajadores; se espera que todos los registros mineros queden consolidados en el Sistema Integral de Gestión Minera de la Agencia Nacional de Minería.
En medio de la apuesta nacional y mundial por la transición energética, la minería conserva un lugar relevante dentro de la economía colombiana. El año pasado el PIB minero alcanzó $11,02 millones mientras que las exportaciones fueron de US$12.103 millones en el mismo periodo, el tercer mejor registro luego del freno productivo por la pandemia en 2020.
El aporte de la minería a la economía nacional en 2025 es de $4,8 billones hasta junio, con la extracción de carbón como la actividad de mayor dinamismo, $2,7 billones.
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Luego de hacer los cambios, la cartera publicará la resolución para comentarios. Esto ocurre tras las peticiones hechas por el Consejo de Estado
