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Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI
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La Cámara Colombiana de la Infraestructura aseguró que, entre 2023 y 2025, se han presentado más de 2.000 bloqueos en corredores concesionados
La Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, liderada por Juan Martín Caicedo, hizo un fuerte llamado a Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, por los atentados que se han realizado en las vías concesionadas.
Los datos muestran que, entre 2023 y 2025 se han presentado más de 2.000 bloqueos en corredores concesionados. "Esta cifra, a todas luces, es incompatible con el deber constitucional de garantizar el orden público y la libre movilidad", explicó la entidad en un comunicado.
La CCI explicó que estos bloqueos han ocasionado pérdidas económicas cercanas a los $10 billones, lo cual ha impactado la competitividad, el abastecimiento de bienes esenciales y la vida cotidiana de miles de colombianos.
Entre los hechos denunciados por la CCI se encuentra el ocurrido la semana pasada contra el peaje Cabildo, perteneciente a la concesión Vías del Nus. A este se suma el reciente ataque al peaje Lizama, en la vía hacia Barrancabermeja, acción que de manera preliminar ha sido atribuida al ELN. "Estos episodios confirman una realidad que ya no admite eufemismos: las vías concesionadas se han convertido en un objetivo recurrente de los grupos armados ilegales, frente a la mirada pasiva de la Fiscalía", dice el comunicado.
Según el gremio, no son hechos aislados, pues en la Ruta del Sol III, en las troncales del Magdalena y en la vía Popayán-Santander de Quilichao, se destruyeron más de 40 máquinas y se puso en alto riesgo la integridad de ciudadanos y trabajadores.
"La CCI expresa su profunda preocupación por la escalada de violencia que hoy amenaza de manera directa la operación de las vías concesionadas del país y, de igual manera, alza su voz por la ausencia de respuestas efectivas de la Fiscalía General de la Nación frente a hechos que se repiten sin acciones judiciales visibles", explicó en un comunicado.
"Por otra parte, hay asonadas en las estaciones de peajes y recaudos irregulares de dinero por parte de grupos que cobran el paso de vehículos sin tener ningún tipo de autorización constitucional o legal agravan este panorama de falta de intervención judicial", expresó la CCI.
Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la CCI, dijo que "la reiteración de atentados y bloqueos, sin avances judiciales conocidos ni responsables capturados, transmite un mensaje de impunidad que incentiva nuevas agresiones. La Fiscalía no puede limitarse a reaccionar con simples pronunciamientos: el país requiere investigaciones oportunas, judicialización efectiva y resultados concretos".
La CCI explicó que el Estado, amparado en la Constitución, tiene la obligación indeclinable de garantizar la seguridad y la libre movilidad en el territorio nacional. "Proteger la infraestructura vial no es una causa gremial ni sectorial. Es defender la inversión pública, preservar la confianza privada y, ante todo, proteger la vida de los ciudadanos. La inacción institucional frente a esta violencia no solo debilita al sector, sino que erosiona la autoridad del Estado y la confianza".
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