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Frank Pearl, presidente de la ACP, en Inside LR
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El gremio señaló que las comisiones económicas no deben aprobar más impuestos sobre el sector y determinó que debe haber incentivos para la inversión
La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, manifestó su preocupación ante el aumento de la sobretasa del impuesto a la renta al petróleo en la propuesta de ley de financiamiento; el gremio señaló que esta medida podría comprometer “severamente el futuro energético y económico”. También, determinó la carga tributaria podría ocasionar el final de la actividad exploratoria a partir de 2030, “en razón de que los incrementos adicionales a la sobretasa inviabilizaría la exploración”.
A causa de que 45% de la matriz energética proviene del petróleo y 21% del gas, para la Asociación la propuesta representaría un riesgo para la seguridad energética; ya que, el abastecimiento del sector requiere de inversiones constantes en exploración y producción, y a causa de la aplicación del tributo, estas se verían desincentivadas.
El gremio señaló que a mediano plazo se perdería la autosuficiencia energética en hidrocarburos, lo que a su vez afectaría la generación de regalías, empleos, encadenamientos productivos e ingresos fiscales.
La organización señaló que para 2022, el Gobierno Nacional promovió una reforma tributara que incluyó una sobretasa al petróleo de 5, 10 y 15 puntos adicionales al impuesto de renta, que en ese momento se justificó por los altos precios internacionales, que para ese año promediaron US$100 por barril, señaló ACP.
Luego, el gremio apuntó que los precios bajaron a US$70, por lo cual “el alza es incoherente con el incremento en la sobretasa que se propone, entre otros nuevos gravámenes a la industria del petróleo y gas”.
Para la ACP, el sector tiene una tasa efectiva de impuesto de renta de hasta 50%, mientras otros no llegan al 30%, por lo cual, la organización apunta que hay inequidad tributaria. “La ley de financiamiento aumentaría la sobretasa del impuesto de renta para la exploración de petróleo hasta 20%; esto implicaría un impuesto de renta de 55% para la industria, además del pago de regalías, derechos económicos, contribuciones sociales, ambientales y otros aportes, desbordando con ello su capacidad contributiva y desincentivando las inversiones”, manifestó el gremio.
“Como consecuencia de la reforma de 2022, las inversiones exploratorias se han reducido en 57%, lo que ocasionó que las inversiones voluntarias cayeran a mínimos históricos. Aquí es importante considerar que, si no se hubiera debilitado al sector, no se necesitaría una ley de financiamiento”, añadió Pearl.
Para el gremio el aumento en los gravámenes afectaría a los campos, sobre todo, a los que producen crudos pesados y a los marginales, los cuales representan 54% y 10% del total, respectivamente.
La ACP concluyó que el Congreso no debería aprobar la sobretasa o “ninguna otra medida confiscatoria que tenga como consecuencia marchitar una industria fundamental para la seguridad energética”, apuntó el gremio. También, mencionó que deben generarse iniciativas desde el Gobierno que incentiven la inversión y el desarrollo del sector.
"Los sectores de carbón y petróleo podrían pagar en tasa de renta corporativa, sin incluir otros impuestos, 55% con la ley de financiamiento. ¿No sería momento de discutir cuando las tasas impositivas son abiertamente expropiatorias?", afirmó en sus redes sociales, José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif.
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