Impuestos a la cerveza y a la gasolina ya no se incluirán en la ley de financiamiento

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Aunque la semana pasada el Congreso aprobó el Presupuesto General de 2026 por $546,9 billones, lo concertado en el Legislativo es una victoria a medias para el Gobierno. Esto porque aún está por definirse el futuro de la ley de financiamiento (antes de $26,3 billones pero concertada en $16,3 billones durante las discusiones sobre el Presupuesto).

En las negociaciones del PGN, se abrió la puerta a la reducción en las aspiraciones de recaudo provenientes de la Ley de Financiamiento. Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara por Alianza Verde y una de las coordinadoras ponentes del proyecto de ley, sugirió que los recortes vendrían en el impuesto a la cerveza, en el gravamen al ingreso al productor de gasolina y en el IVA al aceite.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley, el impuesto de 10% en el ingreso al productor en la venta de gasolina es equivalente a $2,61 billones y el impuesto al consumo de alcohol y tabaco representa $7,83 billones; en tanto que la coordinadora ponente solo nombró a la cerveza entre los sujetos de recorte, la reducción final en la aspiración de recaudo podría ser menor.

En caso de que no se apruebe el proyecto, el gobierno se enfrentaría a un desfinanciamiento equivalente al monto que no sería aprobado y “se tendría que acoger a un Presupuesto de $530,9 billones, correspondiente a las rentas legales vigentes aprobadas”, de acuerdo con Henry Amorocho, economista de Hacienda Pública y docente de la Universidad del Rosario.

Esto representaría un segundo año al hilo de aplazamiento presupuestal, luego que el Presupuesto General de 2025 sufriera un recorte de $12 billones y quedara en $511 billones tras la no aprobación del proyecto, atado al PGN de este año.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la EIA, coincide en que el impuesto a los licores y al tabaco son los más propensos a asumir este recorte, aunque esperaría una revisión del impuesto al carbono, que considera tener un tinte ideológico.

Restrepo es pesimista frente a la aprobación de la ley de financiamiento porque refleja una aspiración de recaudo por debajo de las necesidades presupuestales. “El presupuesto no está desfinanciado en $16 billones sino que, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el déficit se ubicaría en $45 billones”, señaló el exjefe de la cartera de Hacienda.

Por su parte, Germán Machado, economista y docente de la Universidad de los Andes, resaltó que el artículo octavo del texto aprobado faculta al gobierno a sustituir la ley de financiamiento por mayor endeudamiento si esta no se aprueba.

“Como tampoco hay regla fiscal operando, el resultado dependerá de si el gobierno nacional agota el cupo de endeudamiento que tiene autorizado”, concluyó Machado, quien agregó que si el Gobierno decide no endeudarse, deberá seguir manejando el presupuesto con disponibilidad de caja en mínimos.

Discusión se iniciaría la próxima semana

De cara al futuro de la ley de financiamiento, Olga Lucía Velásquez explicó que la asignación de los ponentes en Senado y Cámara de Representantes se concrete en el transcurso de esta semana y la discusión del proyecto arranque en la última semana de octubre.

La coordinadora ponente del proyecto explicó que no es necesario radicar un nuevo texto y agregó que algunos de los ponentes de la ley en Cámara de Representantes serán María del Mar Pizarro de Pacto Histórico, Wilmer Castellanos de Alianza Verde, José Eliécer Salazar del Partido de la U y Wadith Manzur del Partido Conservador.