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Presidentes de siete gremios empresariales y productivos emitieron un documento donde expresan su opinión frente al proceso adelantado dentro del Comité de Participación del que hacen parte
Los gremios empresariales y productivos están siendo parte del Comité Nacional de Participación, en el marco del proceso de negociación ente el Gobierno y el ELN.
Sin embargo, en un documento enviado al Comité, los agremiados expresaron que los documentos "Modelo para la Participación", el "Plan para la Participación" y las "Recomendaciones a la mesa de diálogo", no recogen la visión de los miembros del Comité expresada en convocatorias anteriores.
"Expresamos nuestro desacuerdo y preocupación con el enfoque que se le está dando al Modelo y al Plan de Participación, por cuanto no recoge la visión de todos los miembros que hacen parte del Comité, excede su alcance el propósito para el cual fue creado y pone sobre la mesa de negociación elementos estructurales de nuestra democracia y modelo de país que no fueron discutidos, porque ese no era su propósito", afirman en el documento.
Para los gremios, los documentos de participación presentados "no recogen el sentir, ni las opiniones de muchos de sus miembros, y da a entender que quienes redactaron tenían in propósito distinto al de recoger de manera veraz las recomendaciones sobre la participación".
Frente a ello, expresaron que dichos documentos no puede ser sometidos a aprobación, pues se estaría aprobado algo que sobrepasa sus funciones y que tiene un sesgo, pues su voz no ha sido escuchada ni tenida en cuenta.
Para los gremios, hay falta de claridad respecto a asuntos que consideran tienen un alcance dentro del orden jurídico y constitucional, donde ha habido falta de respuesta a preguntas como:
"¿Cuál es el alcance de este ejercicio de participación ciudadana?, ¿En qué condiciones se va a dar el proceso de participación en territorios afectados por la violencia?, ¿Cómo se espera que la ciudadanía participe libremente y sin presiones por parte del ELN en los territorios donde este grupo continúa extorsionando y con la permanente amenazada del secuestro a ciudadanos?", entre otras planteadas en el documento.
Así mismo, los agremiados de Acolgen, Acm, la Andi, Acp, Asofiduciarias, Confecámaras y la Sac, afirman que hay preocupación por el carácter "vinculante" que tienen los resultados del proceso de participación.
Afirman que pareciera que se asegura que las decisiones tomadas dentro del proceso se "convierten en mandatos obligatorios en sentido jurídico", tomándose como normas jurídicas a partir de las cuales se diseñarán y ejecutarán políticas públicas.
Para los gremios, lo anterior desconoce el principio de supremacía de la Corte Constitucional y anula la separación de poderes en el país.
Otro de los puntos que fue cuestionado por los gremios, fue le consignado bajo el título Ejes temáticos de las transformaciones" incluido en el documento "Modelo para la Participación" para ellos, lo ahí establecido "excede el alcance de la definición de un modelo de participación alrededor de un proceso de negociación con un grupo insurgente y criminal".
Lo anterior, lo argumentan mencionando que se pretende legitimar a través de esa instancia la inclusión de temas que requieren la aprobación del Congreso, e incluso en ciertos casos específicos, la revisión de la Corte Constitucional.
"El Comité Nacional de Participación debe determinar metodologías para que haya una participación eficiente, su propósito nunca fue determinar una agenda. Esto excede sus competencias, y genera un serio manto de duda sobre la legitimidad de una participación a la cual se hace concurrir a la sociedad, pues un organismo que no tiene competencias constitucionales está generando una agenda de reformas estructurales", aseguraron.
En ese mismo sentido, argumentan un desconocimiento de las dinámicas institucionales a nivel técnico, fiscal y de control, ello frente a lo planteado en el documento "Plan Nacional para la Participación, donde se define la ruta para el desarrollo del modelo hasta llegar a la implementación de las transformaciones, integradas a planes de desarrollo en diversos niveles políticos - administrativos.
Frente a estas cuestiones, los firmantes solicitaron que las inquietudes sean aclaradas, antes de que se sometan a consideración y aprobación el Plan y Modelo de Participación planteados, "puesto que no es claro cómo se adelantarán las adecuaciones institucionales para implementar estas pretendidas transformaciones y posteriormente adoptar el denominado Acuerdo Nacional", aseguraron.
El proceso está liderado por el Ministerio de Minas y Energía, la Dirección General Marítima y la Agencia Nacional de Hidrocarburos
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