El Contralor General señaló que su trabajo mancomunado con la sociedad ha ayudado a vigilar obras inconclusas que sumaban $20 billones

Gabriel Forero Oliveros - gforero@larepublica.com.co

La pandemia ha generado no solo retos económicos, sino de vigilancia para los entes como la Contraloría General.

En diálogo con LR, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, describió la importancia de las veedurías ciudadanas como herramientas de ayuda y su importancia para recuperar cerca de $20 billones en obras que eran “elefantes blancos”.

¿Cuál es la importancia de las veedurías ciudadanas para el manejo de los recursos públicos?
Las veedurías son el motor del control social que hemos venido impulsando. Gracias a ellas hemos impulsado proyectos, con resultados formidables, de nuestra estrategia Compromiso Colombia que nos ha permitido estimular el rescate de “elefantes blancos” y obras inconclusas que ponían en peligro recursos públicos por cerca de $20 billones. Sin el concurso de la ciudadanía organizada habría sido imposible poner al servicio el Túnel de La Línea y haber inaugurado una fase importante del tercer tramo de la Ruta del Sol III.

Hace dos años, al iniciar mi gestión, anuncié que la ciudadanía y la tecnología serían los dos bastiones principales de la gestión de la Contraloría. Los resultados obtenidos demuestran que hemos ido mucho más allá de los lemas y consignas.

¿Cuántas veedurías participan en la Red Institucional de Apoyo a ella de la Contraloría General?
Sin perjuicio de las organizaciones que participan en ejercicios de control fiscal con la CGR, en los dos últimos años hemos promovido 350 veedurías que acompañan proyectos y obras fundamentales en los frentes de educación, infraestructura, salud y sostenibilidad ambiental.

¿Cuál es el respaldo que la Contraloría les da a estas instituciones para que no se politicen?
Nuestra Contraloría delegada para la participación ciudadana entiende que evitar la posible politización de organizaciones de esta índole no es un trabajo fácil en la medida en que son dueñas de su autonomía. Sin embargo, la posibilidad de conformar y observar las calidades de sus miembros con rigor y el acompañamiento permanente a sus iniciativas son ejercicios que contribuyen al establecimiento de filtros para evitar parcialidad o subjetividad en el control social a lo público. A ese ejercicio pedagógico siempre ha estado dispuesta la Contraloría General .

LOS CONTRASTES

  • José Antonio OcampoEx codirector del Banco de la República

    “Me parece lógico que parte de lo que se haya hecho sea en contratación directa. No es una mala práctica, lo que sí es que hay que garantizar que sea de forma de forma limpia”.

¿Cómo pueden las veedurías ayudar en la revisión y alertas tempranas sobre la contratación en firmas mixtas y públicas?
El principal insumo que les ofrecemos para facilitar su trabajo es el acceso a la información calificada sobre la contratación pública. Por ejemplo, nuestra estrategia Compromiso Colombia abre un amplio espectro para que la ciudadanía organizada pueda acompañar a los contratistas y a la administración pública en la reactivación de esas iniciativas. Su ánimo vigilante es un apoyo esencial a la tarea fiscalizadora de la Contraloría. En la medida en que las circunstancias lo aconsejen, esas veedurías pueden estar al tanto de las alertas tempranas emitidas por nuestra Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata en aquellos casos en que se presenten retrasos y trastornos en la ejecución de recursos públicos. Así, vamos más allá de los hitos señalados por figuras como el derecho de petición o por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Está en boga la creación de una Veeduría en Medellín para la revisión de EPM. ¿Qué es lo que puede y no puede hacer?
En honor a la verdad el surgimiento de veedurías alrededor de los proyectos de EPM no es un fenómeno social nuevo. Es preciso recordar que, antes de la entrada en vigor el nuevo Sistema de Control Fiscal, fue una veeduría ciudadana la que pidió la intervención excepcional de la Contraloría General en el caso de Hidroituango. De otra manera, la competencia inicial hubiera quedado en cabeza de la Contraloría Departamental de Antioquia.

El nuevo régimen les da mayor visibilidad a las obras públicas y genera un marco garantista para la participación ciudadana en la vigilancia. Basta con que las veedurías sean creadas de acuerdo con los parámetros señalados por la ley y que sus integrantes cuenten con la habilitación técnica necesaria para el libre ejercicio de la fiscalización. Los límites de su ejercicio son estrictamente legales y en el caso de nuestras investigaciones solo existen restricciones temporales relacionadas con la reserva propia de los procesos. Sin embargo, esa reserva no es limitante para aquellas veedurías que tienen la calidad de sujetos procesales.

A raíz de los problemas que hubo de gobierno corporativo, y ante los líos sobre si se cometieron o no errores para hacer una demanda del proyecto Hidroituango, ¿cómo avanza su revisión?
Hay unas actuaciones abiertas y el ejercicio auditor ha sido riguroso. No vamos a pasar por alto ninguna de las evidencias recabadas. Hoy tenemos 34 presuntos responsables e investigamos una posible afectación de recursos por casi $4,1 billones.

Entre los presuntos responsables hay miembros de la junta directiva, tres representantes legales de EPM, dos exalcaldes de Medellín y dos exgobernadores de Antioquia, lo mismo que representantes de aseguradores y reaseguradoras. No hemos dado margen alguno a la improvisación e incluso nos hemos apoyado en expertos de la Universidad Nacional. Actuamos de manera desprevenida y sin sesgos.

Si los incidentes generados por nuevas demandas tienen consecuencias fiscales, la Contraloría estará presente y presta a actuar sin dilaciones.

¿Cuáles han sido los principales hallazgos relacionados con la corrupción en medio de la pandemia?
Es importante aclarar que la mayoría de los ordenadores del gasto son personas bien intencionadas que buscan acertar y entregar resultados a sus comunidades. En cuanto a los otros hemos atacado a fondo y de manera oportuna esa perniciosa costumbre de sacar partido del dolor de nuestros semejantes. Activamos todos nuestros mecanismos de control para frenar sobrecostos en contratos que, por vía de urgencia manifiesta, han sido celebrados por la administración pública en todos sus niveles para garantizar la seguridad alimentaria y dotar al sistema de salud de los recursos necesarios en estos tiempos.

En desarrollo de un trabajo ininterrumpido, independientemente de los ciclos de la pandemia, nuestra Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -Diari- ha revisado 96.154 contratos por $9,5 billones. A través de ella hemos emitido 419 alertas sobre presuntos sobrecostos en contratos por $511.000 millones.

Gracias al impacto de este ejercicio preventivo, ha sido posible que las administraciones renegocien contratos por $129.226 millones. Los beneficios logrados en los casos de esos contratos llegan a $33.112 millones.

¿Se vienen nuevos anuncios o decisiones con hallazgos fiscales, e incluso presuntos hallazgos penales y administrativos por contratos públicos?
Hemos venido realizando Actuaciones Especiales de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías en algunos departamentos y será fundamental conocer sus resultados en momentos en que el Congreso acaba de aprobar la ley que reglamenta que el nuevo Sistema General de Regalías.

Estamos mirando con lupa proyectos pertenecientes a los sectores de salud y protección social; transporte; vivienda; deporte; educación; ciencia, entro otros. En este ámbito hay mucha tela de donde cortar. Ya hemos establecido que de $33,9 billones, del total de recursos contratados a 15 de junio de 2019, $4,2 billones fueron manejados mediante la modalidad de contratación directa. De hecho, 12% de la contratación total realizada en el Sistema General de Regalías se ha hecho de manera directa.

¿Cuáles son las prioridades de la Contraloría para el cierre del año y para 2021?
Una de nuestras prioridades es impulsar el cumplimiento a la Ley 2020 de 2020 que establece la creación del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas . Gracias a la estrategia Compromiso Colombia hemos consolidado un inventario de más 1.400 obras, que comprometen recursos públicos por $20 billones, que venían sumidas en el abandono. Los retos son enormes. Es preciso vigilar $1.096 millones proyectos en el Plan Nacional de Desarrollo.