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Esta misma obligación recaía en el Ministerio de Transporte, pues el proyecto obligaba que en la expedición de la licencia de conducción se incluyera la voluntad de donación de órganos del conductor.
La ley fue enviada al jefe de Estado el 27 de diciembre de 2016, luego de su aprobación por el Congreso. La misiva del primer mandatario fue al presidente de la corporación, Mauricio Lizcano, por considerar que es inconstitucional.
El Gobierno considera que este proyecto de ley viola los artículos 11, 49 y 366 de la Constitución Política “por afectación al derecho a la vida y la salud de los potenciales receptores de donación”.
La razón es que la manifestación expresa de ser o no donante de órganos podría ir en perjuicio de garantizar el derecho a la salud de las personas que están esperando un órgano. La Presidencia explica que esta alternativa de manifestar voluntariamente la donación de órganos invierte lo que contempló la ley 1805 de 2016 en la que se establecía que la donación es obligatoria.
El presidente Santos argumenta que el proyecto también viola el artículo 95 de la Constitución que consiste en que los ciudadanos actúen bajo el principio de solidaridad.
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