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El grueso de los costos están destinados para los recaudadores de recursos al desembolsar el Gobierno $19.069 millones con el fin de supervisar, por ejemplo, a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) tanto del régimen contributivo como del subsidiado. De hecho, para las EPS del contributivo, la Supersalud cuenta con recursos por $9.835 millones. En tanto, para las del régimen subsidiado la cifra que administrara la entidad para sus costos de supervisión alcanzan $5.342 millones.
Finalmente, en la asignación de costos y control que fijaron los ministerios de Hacienda y Salud está una partida de $6.417 millones para las Instituciones Prestadoras de Salud (hospitales y clínicas). En este grupo, el Gobierno los categorizó en tres segmentos: las IPS privadas en las que la Supersalud contara con $2.622 millones, seguido por las empresas de ambulancia y medicina prepagada en las que tiene previsto $2.133 millones y cierran las instituciones de salud pública, con $1.662 millones.
También afirmó que dentro del sistema eléctrico existe un “feudalismo”, señalando que algunas hidroeléctricas públicas locales realizan maniobras para "captar recursos"
Con la suspensión de la regla fiscal, también anticipó un déficit de 7,5% del PIB en 2025, advirtiendo que la deuda pública aumentaría hasta 62,8% del PIB
En cuanto a los segmentos que aportaron al total, la deuda pública ascendió a US$116.911 millones, mientras que la privada registró US$90.917 millones
