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“El Proyecto de Ley que presentamos busca que Colombia adopte los mejores estándares internacionales para la supervisión y regulación de los conglomerados financieros. Las nuevas herramientas le darán más solidez, seguridad y estabilidad al sistema financiero y generarán mayor confianza para inversionistas, ahorradores y ciudadanos”, señaló el ministro.
El jefe de la cartera de Hacienda explicó que el proyecto de Ley busca establecer una supervisión consolidada de los grupos financieros que permita tener una mejor gestión de los riesgos que asumen.
La iniciativa cuenta con tres pilares. El primero, le otorga facultades a la Superintendencia Financiera para que ejerza vigilancia de la entidad que controla el conglomerado financiero, la holding financiera, así no realice actividades financieras directamente.
El segundo punto parte de la base de requerir que las entidades que forman parte de un conglomerado financiero tengan el capital suficiente.
Y el tercer objetivo busca que los conglomerados financieros tengan estructuras transparentes, políticas de gestión conjunta de riesgos y que entreguen información suficiente y necesaria para facilitar la supervisión consolidada.
Estas normas, según el Ministerio de Hacienda, están en línea con las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a raíz de la crisis financiera internacional de 2008.
La supervisión efectiva de los conglomerados financieros es hoy reconocida como un elemento indispensable de la estabilidad financiera y económica.
"Estas medidas buscan prevenir los errores del pasado y blindar nuestro sistema financiero y prevenir crisis sistémicas. Necesitamos un marco regulatorio sólido y seguro que le permita a nuestro sistema financiero y a los grupos económicos colombianos avanzar en su proceso de expansión e internacionalización", agregó Cárdenas.
Finalmente, el ministro señaló que las autoridades colombianas contarán con herramientas para que, ante el evento de la liquidación de un establecimiento de crédito, se minimice el uso de recursos públicos sin que se interrumpa la prestación de servicios financieros esenciales a la población.
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